Según una investigación contra la multinacional que se tramita en Brasil, esta habría entregado más de $ 31 millones en coimas a funcionarios ecuatorianos para lograr contratos. A la audiencia de ayer comparecieron seis personas detenidas la madrugada del viernes como resultado de un operativo múltiple en Guayaquil, Quito y Latacunga, ordenado por la Fiscalía.
Además, una séptima persona fue retenida e incluida la noche del mismo viernes. En los operativos, en los que participó personal de la Fiscalía y 250 miembros de la Policía, se incautó dinero, joyas, carros de lujo y documentos. El fiscal general, Carlos Baca, afirmó que los detenidos y las empresas allanadas formaron parte de una “trama de crimen organizado que involucra a Odebrecht”.
Todos los detenidos fueron desplazados vía aérea y terrestre hacia la Unidad de Flagrancia de la Fiscalía, en el centro norte de Quito, para la audiencia. Primero se les practicó el examen médico legal para determinar su estado de salud y se les tomaron las huellas dactilares.
Luego, por alrededor de siete horas, los fiscales recogieron el testimonio de todos los detenidos, de allí que la diligencia arrancó en horas de la madrugada de ayer, pero dentro de las 24 horas que establece la ley.
Al cabo de 3 horas de audiencia y por el delito de asociación ilícita, se ordenó la prisión preventiva contra cinco implicados: José Rubén T.N., Carlos Alberto V.C., José Gustavo M.I., Kepler Byron V.A. y José Antonio C.D. Se dictó arresto domiciliario y uso de un dispositivo electrónico para Ricardo R.A., debido a su estado de salud y su avanzada edad (68 años). Para José Rubén T.V., exalcalde de Latacunga (Cotopaxi), se dictó su libertad, por no existir elementos de convicción que lo vinculen al caso. Sin embargo, su hijo José Rubén T.N., funcionario de Petroecuador, fue incluido en las investigaciones y detenido la noche del viernes, contra él sí se ordenó prisión preventiva.
Así lo dispuso a las 05:00 de ayer Yolanda Mayorga, jueza de Garantías Penales, quien acogió el pedido de la Fiscalía. Además, dictó la prohibición de enajenar los bienes de los implicados y el bloqueo de las cuentas. Como fundamentos, la Fiscalía presentó informes de riesgos tributarios remitidos por el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías, que evidenciarían la relación entre Odebrecht y los implicados, en forma directa o a través de empresas como Equitransa y Diacelec.
La información fue cotejada con las evidencias obtenidas en los allanamientos realizados a inmuebles y empresas de los involucrados. Por ejemplo, Equitransa -según la Fiscalía- sirvió de intermediaria para la concesión de contratos con Odebrecht. “Todo con el fin de beneficiarse económicamente ellos y beneficiar también a la empresa Odebrecht a través de la concesión de contratos”, puntualizó la Fiscalía.
Fuente: El Telégrafo
