En el caso Plaga, las oficinas de dos jueces procesados fueron allanadas, este 12 de julio de 2024.
La Fiscalía investiga el delito de delincuencia organizada en el caso Plaga o la compra de fallos judiciales a jueces de la Corte de Santo Domingo de los Tsáchilas y otros.
El caso Plaga se tramita en la Corte Nacional de Justicia y procesa a 17 personas en calidad de autores del delito desde 2022.
La estructura se habría dedicado a captar a personas sentenciadas y ofrecerles resoluciones judiciales a su favor para salir de la cárcel u obtener otras medidas sustitutivas a la prisión.
Los tres jueces de las oficinas allanadas en Santo Domingo de los Tsáchilas
Como parte de las diligencias investigativas por presunta delincuencia organizada, la Fiscalía allanó las oficinas de los jueces procesados Patricio C., y Jorge M.
El rol de colaboración de Patricio C. sería similar al de procesado Jorge Efraín M.V., pues formó parte del Tribunal que resolvió la acción de habeas corpus a favor de un procesado por tráfico de migrantes.
Patricio C. habría recibido por este fallo 60 000 dólares.
Jorge M. habría cometido una infracción similar a la de Patricio C., a cambio de 60 000 dólares, los mismos que habrían sido gestionados por Cristian R.
Cristian R. es el presunto líder de la organización criminal.
Más tarde, la Fiscalía informó que también se allanó la oficina del juez Galo L.
Se levantaron indicios como equipos electrónicos y documentación, que serán periciados oportunamente para obtener información que aporten a la investigación en curso.
El 1 de julio de 2024, el juez de la causa dictó prisión preventiva para 14 de los 17 vinculados.
Mientras que, para otros dos, arresto domiciliario y uso de un dispositivo electrónico por ser adultos mayores.
Y, para una vinculada, por su estado de gestación, dispuso prohibición de salida del país y presentaciones periódicas.
