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El Tribunal Penal de Pichincha sentenció a 13 años y 4 meses de prisión a los tres ejecutivos de Financiera Proinco S.A., Santiago R., Fernando C. y María G., por el delito de estafa masiva, contemplado en el artículo 186 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El Telégrafo

La pena impuesta incluye el pago de $ 98’889.729 como reparación para los aproximadamente 1.300 perjudicados. Además Santiago R., quien fue declarado autor directo, Fernando C. y María G., como coautores, tienen prohibido enajenar bienes y habrá retención de sus cuentas.

La resolución fue adoptada la tarde de este jueves 1 de junio, por el Tribunal integrado por los jueces María Mercedes Suárez, Luis Manosalvas Sandoval y Daniel Tufiño, durante la audiencia de juzgamiento de tres de los cuatro procesados a los que Fiscalía acusó de autores directos del supuesto delito de estafa masiva.

El monto de la presunta estafa fue establecido en $ 98’889.729 millones y se presume que hay alrededor de 1.300 perjudicados, de los cuales cerca de 500 lograron formalizar la acusación particular. La fiscal Susana Rodríguez, quien pidió al Tribunal el máximo de la pena para Santiago R., máximo directivo de Sociedad Financiera Proinco S.A., mientras que sobre los otros dos procesados dijo sentirse complacida por el fallo.

Según la Fiscalía, las empresas Asesores Integrales Mingacorp S.A., Maktradecorp S.A. y Encaisser S.A., todas relacionadas con Proinco y creadas por su directivo, habrían estado recibiendo inversiones financieras del público que son propias de entidades del sistema financiero, por lo que tienen prohibición expresa.

Ninguna de las empresas ahora cuestionadas tenían la liquidez suficiente para cubrir ni siquiera las obligaciones básicas, como los pagos patronales y tributarios, según la parte acusadora, que además precisa que solo habría unos $ 30 millones para cubrir las acreencias.

El principal directivo de Sociedad Financiera Proinco S.A., Santiago R., anunció el miércoles que cuenta con el patrimonio suficiente para cumplir con las obligaciones pendientes de pago a los perjudicados.

Fuente: El Telégrafo