Por “razones de conciencia” los abogados Stalin Raza, Daniel Yela y Alejandra Garzón renuncian a seguir con la defensa de la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas Fabiola G., una de las doce personas procesadas por el delito de delincuencia organizada dentro del caso conocido como Purga.
A una semana de haberse iniciado la instrucción fiscal de 90 días, los abogados hacen conocer de su renuncia a continuar en la defensa a la Fiscalía General del Estado y al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) que lleva la causa Javier de la Cadena. En el oficio remitido se hace saber que la renuncia se da “por razones de conciencia”, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 331.3 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ).
Esta norma del COFJ invocada habla sobre los derechos de los abogados en el patrocinio de las causas. Se explica que entre los derechos del abogado que patrocina una causa está el renunciar o negarse a prestar defensa por criterio de conciencia.
La fiscal Diana Salazar afirma que Fabiola G. es una de las tres líderes del “grupo criminal” estructurado en el caso Purga. De ella se dijo que mantenía el nivel de planificación de la organización y que participó para que se fallara a favor de una acción de protección presentada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y a cambio recibió el arreglo del piso del salón de presidentes de la Corte del Guayas.
También se la acusó de haber generado acercamientos con la defensa del líder de Los Choneros Adolfo Macías Villamar, alias Fito, para así fallar a su favor en una apelación presentada por el Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) y por ello conseguir algún tipo de beneficio económico. Se sostiene además que Fabiola G. contrató y pagó el sueldo de la comunicadora Mayra S., procesada en el caso Metástasis, quien sería definida como “mano derecha” de la expresidenta, para “instrumentalizar una dinámica criminal en la Corte del Guayas, controlar las acciones judiciales y administrativas”.
