Así lo aseguró hoy Fundamedios, que ha dado seguimiento constante al caso del reportero Javier Ortega, del fotógrafo Paúl Rivas y del conductor Efraín Segarra. Ellos fueron secuestrados en la zona fronteriza con Colombia y asesinados en cautiverio, presuntamente a manos de disidentes de las FARC.
A la reunión, que tendrá lugar en la sede de la CIDH, en Washington, «han sido convocados los representantes del Estado ecuatoriano y los peticionarios que incluyen a los familiares de los periodistas y representantes de la Fundación para la Libertad de Prensa FLIP, de Colombia y de Fundamedios, del Ecuador», indicó.
Añadió que, a través de un comunicado, Paulo Abrao, secretario Ejecutivo de la CIDH, puso en conocimiento el plan de trabajo y las acciones que tendrá el ESE entre mediados de junio y diciembre de 2018, de conformidad con las atribuciones y mecanismos dispuestos en la Convención Americana, Estatuto y Reglamento. Parte de las actividades planteadas por el ESE, contempla tres visitas al Ecuador, en donde el equipo mantendrá reuniones y mesas de diálogo, indicó Fundamedios en un comunicado.
Además, el envío de aportes técnicos, solicitudes de información, reuniones de trabajo, audiencias públicas durante el período de sesiones de la CIDH y la emisión de reportes. De acuerdo al cronograma preliminar, el ESE planea presentar su informe para diciembre del 2018.
En su escrito, dirigido a los familiares, en calidad de peticionarios de las medidas cautelares que fueron otorgadas tras el secuestro del equipo periodístico, la CIDH aseguró que es de «suma importancia» que los familiares de los comunicadores sean parte central del proceso de investigación, en el cual esperan transparencia «con la debida cooperación del Estado».
El 12 de abril, la CIDH otorgó medidas cautelares en favor del equipo de prensa, dando respuesta favorable al pedido hecho dos días antes por parte de la FLIP, Fundamedios y los familiares de los comunicadores.
El 30 de mayo, las familias recuperaron el vehículo con el que se desplazaron sus parientes a la frontera de Ecuador y Colombia para recabar informaciones para el rotativo sobre la violencia en el sector donde el 27 e enero estalló un coche bomba. El equipo fue secuestrado el 26 de marzo cuando realizaba una cobertura en frontera norte del país y el presidente Lenín Moreno, confirmó su asesinato el 13 de abril, que atribuyó a un grupo disidente de las FARC liderado por alias «Guacho».
Desde entonces sus restos están en paradero desconocido, pese a los llamamientos de los gobiernos de Ecuador y Colombia, y la disposición de organizaciones como la Cruz Roja Internacional para recuperar los cuerpos, lo que ha llevado a los familiares a seguir una campaña regional para lograr una pronta solución a su situación.
Fuente: El Comercio
