A su arribo hasta la Fiscalía, un grupo de militantes de la Alianza Bolivariana Alfarista (ABA) la recibió. La comparecencia duró cinco horas. A su salida, Vicuña cuestionó las acusaciones en su contra.
Se refirió a las licencias sin remuneración otorgadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI) y sostuvo que estuvieron amparadas en lo que establece la ley vigente.
Lee también: Los legisladores discrepan sobre el trámite de casos de Vicuña y Vallejo
La exvicepresidenta renunció al cargo el 5 de diciembre pasado, luego de que se revelara el cobro de diezmos cuando era asambleísta. El excolaborador legislativo de Vicuña, Ángel Polibio Sagbay, denunció a la exfuncionaria por recibir “contribuciones” en su cuenta personal entre 2011 y 2013.
El delito de concusión, según el artículo 281 del Código Integral Penal (COIP), establece una pena privativa de libertad de cinco a siete años. El delito, según el COIP, se comete cuando un servidor público, abusando de su cargo o funciones, exige la entrega de cuotas, contribuciones, rentas, sueldos o gratificaciones no debidas.
Este marte, 8 de enero, la Asamblea Nacional tratará los pedidos que realizó la Corte Nacional de Justicia, a fin de que autorice el inicio del enjuiciamiento penal contra Vicuña y Norma Vallejo.
Fuente: El Telégrafo – Nota original: LINK
