La defensa de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, tiene dos vías para lograr su liberación. La primera es una solicitud de hábeas corpus y la otra, un pedido de revocatoria de la prisión preventiva.

La CIDH, en su resolución, indica que durante la visita que hizo a Pabón en la cárcel de Cotopaxi pudo “constatar el clima de hostigamiento”. Créditos: Twitter

Para el abogado Fausto Jarrín, el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgue medidas cautelares a favor de Paola Pabón, Virgilio Hernández y Christian González, es un argumento “muy fuerte” que facilitará la liberación.

La Comisión indica que únicamente se refiere a la situación de “gravedad, urgencia y riesgo de daño irreparable” que podrían sufrir los tres sospechosos al encontrarse detenidos.

Pabón, por ejemplo, indicó que las autoridades del Gobierno hicieron declaraciones públicas en las que culparon al correísmo de las protestas de octubre pasado. Dijo que a partir del hecho ha recibido constantes amenazas contra su vida en el interior de la cárcel de Cotopaxi.

Señaló que la delegación oficial fue fotografiada y que no tuvo las condiciones adecuadas para mantener una entrevista con ella “debido a la actitud percibida de parte de las autoridades carcelarias”.

Para la Fiscalía, la imputación por supuesta rebelión se fundamenta en evidencias como las escuchas telefónicas, por ejemplo. En las conversaciones interceptadas a los tres detenidos se hallaron diálogos sobre posibles “instigaciones” para que la gente saliera a las calles y protestara contra el Gobierno.

La Fiscalía también ha señalado que Hernández, por ejemplo, escribió en su cuenta de Twitter: “o cae el paquetazo o se cae el Gobierno”. Se investiga también si hubo financiamiento y apoyo para el equipamiento de los manifestantes y su logística.

Fuente: El Comercio – Nota Original – LINK