En primera instancia se analizaron las recomendaciones para que se incluyan en el informe. Son cuatro los ejes que se manejan: prevención, detección, reparación y alerta temprana para evitar la impunidad.
Patricia Espín, madre de una de las víctimas del Caso CEBI, pidió que se prevea una normativa que ampare a los padres de los menores abusados, porque según explicó, reciben amenazas y tienen temor de que se cumplan. Amparo Molina, representante de familiares y víctimas del caso Aampetra, también estuvo durante la jornada de hoy.
Para ella, estos siete meses de trabajo empiezan a arrojar los primeros resultados, pues por lo menos en su caso ya existen indicios de responsabilidad, lo que es un gran avance. Sin embargo, cree que aún falta mucho por hacer, porque existen nuevas víctimas que esperan por respuestas.
El legislador Franklin Samaniego, miembro de esta mesa de trabajo, aseguró que existe un plan de trabajo de las mesas interinstitucionales, pues uno de los problemas era la falta de articulación entre las entidades.
Existen plazos cumplidos, por lo que se pedirá la comparecencia de los representantes de las instituciones que encabezan las mesas, para que expliquen lo hecho y lo que falta por hacer. Se analizó una parte de los casos emblemáticos, pero el análisis global de la comisión supera los 100 casos, según Samaniego. Esperan tener datos consistentes para saber la ruta que deberán seguir.
Uno de los puntos que genera controversia es el que se incluya en el ámbito penal el juzgamiento en ausencia. Se prevé que este tema sea objeto de un amplio debate, pero la idea es que en los casos que tienen que ver con delitos en contra de los menores de edad, se use esta figura.
Además, luego de los resultados de la consulta popular del pasado 4 de febrero, entra en vigencia el hecho que los delitos en contra de los niños, niñas y adolescentes, no prescriban nunca. Entre los legisladores existe consenso en que es necesario profundizar en el tema de la socialización con campañas comunicacionales masivas y urgentes.
Fuente: El Telégrafo
