El presidente de este organismo, Virgilio Hernández, precisó que en la propuesta se define con claridad los ámbitos de cada uno de estos sectores y, al mismo tiempo, cómo impulsar las actividades económicas y productivas que realizan.
Según la información del Legislativo, uno de los cambios centrales en el proyecto de ley tiene que ver con la institucionalidad. Actualmente es demasiado compleja y no definía con claridad las facultades para la planificación, regulación y fomento con otras entidades. Hoy se definen los roles que debe cumplir el Estado, dijo Hernández.
En este marco, aclaró que existirán tres actores definidos para lo que es el fomento, el impulso, la supervisión, control de la economía popular y solidaria. Se crea el Servicio Nacional de Fomento, Regulación y Control de la Economía Popular y Solidaria en reemplazo del Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria; se establece la especialización de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que será el órgano de control del sector cooperativo, aproximadamente 800 cooperativas; y, la Corporación Nacional de Finanzas Públicas.
De esta manera se sustituye el entramado complejo que existe. Por un lado hay un comité integrado por ministros, luego por consejos consultivos que nunca se conformaron, también existe el Instituto de Economía Popular y Solidaria que se encarga del fomento. Hoy se simplifican en tres instancias que tendrán a su cargo el fomento, control y el apoyo de los que conforman la economía popular y solidaria.
Virgilio Hernández indicó que se busca, de manera general, apoyar las actividades de asociaciones, organizaciones comunitarias y de cooperativas del sector no financiero para que puedan fortalecerse y mejorar su interacción con el Estado, con el sector privado y paulatinamente ir fortaleciendo a este nuevo sector de la economía contemplado en la Constitución.
