Inicialmente, la comisión tenía previsto comenzar la fase de comparecencias el lunes 19 de julio, pero tras una revisión del proceso determinó que los plazos para la etapa de prueba vencen el 26 de julio, por lo que resolvió adelantar las sesiones para recibir los testimonios desde el domingo 18 de julio a partir de las 08:00. Así también incorporó nuevas comparecencias con lo que bordea a 70 el número de personas que serán llamadas a rendir la versión.
Entre las personas que fueron incorporadas a la larga lista de comparecientes está el exministro de Telecomunicaciones Andrés Michelena, en referencia a la contratación de consultorías; la exdirectora nacional de auditoría de Telecomunicaciones Silvia Pérez Vinueza, Yenny Monar Pacheco y David Andrade, exespecialistas nacionales de auditoría.
También constan en la nueva lista funcionarios como Rommel Puchaicela Celi, exdirector nacional de tecnología de Información de la Contraloría; Marcela Orbe Armas, directora de tecnologías de la Contraloría; Carlos Moreno, secretaria abogada de la dirección de responsabilidades de la Contraloría; y, Sofía Moreno Condolo, directora de responsabilidades de la Contraloría.
El asambleísta y presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, solicitó que se pida al Ministerio de Telecomunicaciones el contrato de consultoría entre la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de la Comunidad Andina (Aseta) y la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), cuyo monto asciende a $ 38.500, para que determine técnicamente el costo de la ampliación del espectro para Conecel S. A., cuya marca comercial es Claro.
El proceso de juicio político lo presentó el asambleísta Juan Cristóbal Lloret (UNES) por seis razones que tienen relación con arrogación de funciones, extralimitaciones de funciones, incumplimientos en el desvanecimiento de glosas e interferencia en el proceso electoral. La acusación de arrogación de funciones se centra en una supuesta ilegalidad para asumir el cargo de contralor subrogante.
En cambio, la extralimitación de funciones se refiere a una supuesta interferencia en las competencias de la Función Electoral al revocar un acto administrativo del Consejo Nacional Electoral respecto de la inscripción de cuatro movimientos políticos; igualmente, el acusado habría interferido en el proceso electoral de 2021, al exigir un examen de auditoría a la plataforma tecnológica.
Otra de las acusaciones se refiere a un supuesto incumplimiento de Pablo Celi, en caso de desvanecimiento de glosas durante su administración, así como no determinar responsabilidades administrativas y penales en contra de la empresa Odebrecht. Igualmente, está acusado de no haber observado la normativa que rige a la Contraloría al adjudicar un contrato de publicidad a favor de una empresa en la que su representante legal es Daniel Salcedo, procesado por actos de corrupción.
Las comparecencias empezarán este 18 de julio y los primeros que deberán acudir son los cinco miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), a partir de las 08:0, por pedido del interpelante Juan Lloret, para confirmar su acusación de una supuesta interferencia en las funciones del CNE y del proceso electoral por parte del acusado Pablo Celi. Por esa misma razón están convocados también el presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera, y el exconsejero Fausto Camacho.
Posterior a ello, tendrán que comparecer los representantes de los movimientos políticos Fuerza Compromiso Social, Juntos Podemos, Justicia Social, Libertad es Pueblo y de la coalición Unión por la Esperanza.
Nota Original: El Universo – LINK
