A criterio de la asambleísta Verónica Arias, integrante del CAL, la propuesta permite concretar la equidad territorial evitando la especulación del precio de las tierras y que los recursos recaudados se destinen a los gobiernos autónomos descentralizados, para que cuenten con los recursos necesarios para realizar obras en beneficio de los ecuatorianos en sus respectivas jurisdicciones.
Reiteró que el objetivo central es evitar que se especule el valor de la tierra, impedir ganancias extraordinarias ilegítimas y que exista un verdadero control y regulación por parte del Estado orientado a planificar el desarrollo nacional, por tanto, establecer una estructura que permita a los municipios funcionar de manera más eficiente con recursos para generar obra. Los municipios serán los responsable de actualizar avalúos y catastros, dijo.
Resaltó que las personas de menos recursos no serán afectadas, porque estarán exentas del pago del tributo. Los cálculos, por ejemplo a casas que podrían ser vendidas por segunda ocasión son las que tendrían que pagar el impuesto, es decir, aquellos que especulen con la tierra y busquen obtener una ganancia extraordinaria o ilegítima.
Por su parte el legislador Carlos Bergmann, integrante del CAL, manifestó que la comisión que se encargará del análisis deberá abrir los espacios para que todos los sectores y actores puedan expresar sus puntos de vista y debatirlos.
Señaló que el proyecto tiene varios cambios, con respecto a la propuesta inicial que entró a la Legislatura el año pasado y que estos son producto de las sugerencias ciudadanas recogidas a nivel nacional.
Mientras que la segunda Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Marcela Aguiñaga, precisó la propuesta está orientada a la lucha contra los grandes acaparadores de tierra que hacen que se encarezca el acceso a la vivienda.
Señaló que a diferencia de las casas que los padres dejan por herencia a los hijos se busca controlar aquellos que hacen grandes negocios con terrenos, porque tienen información privilegiada y adquieren propiedades para enriquecerse sin realizar ninguna inversión, pese a lo cual tienen una ganancia extraordinaria, a la que calificó de ilegítima e inmoral.
Uno de los cambios sustanciales que se determina en el proyecto es que la segunda venta del inmueble tributará sobre el 75%, es decir, sobre la ganancia extraordinaria. Los dineros serán destinados a los gobiernos autónomos descentralizados para que puedan hacer obra, por ejemplo en Guayaquil uno de los mayores problemas en algunos cantones es la falta de agua segura y de calidad y alcantarillado, añadió.
La normativa busca propiciar la construcción de un sistema más justo en beneficio de todos los ecuatorianos. Pretende recuperar parte de las ganancias que hoy obtienen los dueños de inmuebles sin participación alguna, cuando, por ejemplo, el Gobierno con los impuestos de todos los ecuatorianos, construye o mejora una vía cercana o edifica un hospital en la zona, dijo finalmente.
