En primera instancia, los comisionados analizarán el memorando suscrito por la economista Madeleine Abarca, ministra de Finanzas subrogante, quien envió la evaluación financiera semestral de enero a junio de 2016.
El documento enviado a la Asamblea Nacional y remitido a la Comisión de Régimen Económico refleja lo reportado en el Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública, seguimiento a las intervenciones públicas por parte de las instituciones del Presupuesto General del Estado, de conformidad con el artículo 119 del Código de Planificación y Finanzas Públicas.
Hace referencia a los 12 objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir con la ejecución del Presupuesto General del Estado, orientado a consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular; auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad; mejorar la calidad de vida de la población; fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía; construir espacios de encuentro común y fomentar la identidad integral, en estricto respeto a los derechos humanos.
También consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos; garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global; consolidar el sistema económico social y solidarios de forma sostenible; garantizar el trabajo digno en todas su formas; impulsar la transformación de la matriz productiva; asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica; y, garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.
Ley de Economía Popular y Solidaria
En otro orden, los parlamentarios continuaron el estudio de la Ley de Economía Popular y Solidaria, en lo relacionado con la estructura institucional, específicamente, la organización interna de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria que tendrá una gestión desconcentrada y se organizará de acuerdo con el reglamento orgánico funcional que para el efecto dictará el Superintendente.
Se precisa que los funcionarios y empleados de la Superintendencia se someterán a las disposiciones de la Ley Orgánica de Servicio Público.
Debatieron también sobre el patrimonio de la Superintendencia; las atribuciones del Superintendente. Se precisó que el Superintendente será designado en la forma prevista en la Constitución y deberá acreditar título universitario de tercer nivel en carreras afines con la función que desempeñará.
