El pasado 7 de julio, el presidente Guillermo Lasso envió a la Asamblea Nacional su objeción parcial al proyecto de Ley que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza. El veto del Ejecutivo plantea 21 cambios; entre ellos se detallan textos alternativos a 16 artículos y cinco disposiciones reformatorias. En NotiMundo A La Carta, Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad del Legislativo, aseguró que varias de las propuestas del Ejecutivo, son contrarias a las normas internacionales, a la Constitución y a la sentencia de la Corte Constitucional (CC).

Créditos: Twitter Asamblea Nacional

El presidente de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, Ramiro Narváez, detalló que hay 21 observaciones del Primer Mandatario que representan el 16% del total de la Ley. Asimismo, recomendó que “se debe hacer un análisis profundo de la propuesta presidencial pues se encontraron algunas sugerencias inconstitucionales”, las cuales serán analizadas, nuevamente, con expertos constitucionalistas.

Entre los temas que irían en contra de la Constitución, está la participación de las Fuerzas Armadas en contextos diferentes al estado de Emergencia. Por ejemplo, Narváez comentó que el Ejército puede cumplir un rol complementario a la Policía Nacional en el estado de excepción y así lo establece la Constitución y la sentencia de la Corte Constitucional. “Ellos tienen una formación diferente y no pueden cumplir el mismo rol de la Policía”, mencionó y agregó que en esta Ley se busca fortalecer el rol y la competencia de las instituciones, así como mecanismos para que no haya excesos y, si los hay, que no queden en la impunidad.

Las objeciones del presidente Lasso están enmarcadas en los artículos que tienen que ver con el Uso legítimo de la fuerza, el uso de animales restablecer el orden público, procesos judiciales de los agentes del orden, medidas alternativas a la prisión para los uniformados procesados por el uso indebido de la fuerza y el uso de armas letales y no letales. En este sentido, Narváez recalcó que varias de estas réplicas del mandatario reducen las garantías para que se tenga un mayor seguimiento a la buena conducta de los funcionarios de seguridad y que, si incumplen la norma, se los pueda sancionar.

En relación al proceso de rendición de cuentas después de hacer uso legítimo de la fuerza, el asambleísta Narváez explicó que dentro de esta normativa se establecieron mecanismos como cámaras personales para que quede registrada la grabación de que, si hay uso Legítimo de la Fuerza, el policía no sea sentenciado pero, que sí haya un proceso de investigación y que, la responsabilidad, “no recaiga únicamente en el funcionario sino en toda la cadena de mando”, señaló.

Con respecto al artículo 15 de este reglamento, Narváez precisó que el nivel de amenaza debe concordar con el nivel de fuerza. Esto se mide, por ejemplo, en función de si el delincuente tiene un arma o no; si está reteniendo a una persona y va a cometer alguna acción que ponga en peligro su vida. Frente a esto, el Ejecutivo planteó que se incorpore la percepción subjetiva del riesgo. Es decir, si un policía va a actuar contra el delincuente, use los sentidos y diga “yo escuché que él tenía un arma y por eso disparé”. Esto, a decir del asambleísta, “es subjetivo y muy riesgoso para la sociedad”.

Ramiro Narváez reiteró en que, desde la mesa legislativa que lidera, se plantea que haya transparencia para que no queden en la impunidad potenciales excesos o abusos. Además, informó que cuando el Presidente envíe el veto parcial se va a plantear que no se apruebe en un solo paquete porque hay temas que vale la pena acoger. Mientras que, los temas que se “vayan contra la Constitución” se van a votar de manera individual o en diferentes bloques. “Si no reunimos los 92 votos para ratificar el texto enviado por la Asamblea, en la Ley que entra en vigencia, se incorporarán las propuestas del mandatario”, expresó.

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