Cómo se tenía previsto, acudió la subdirectora de Cumplimiento Tributario del Servicio de Rentas Internas (SRI), Paola Hidalgo, quien explicó que en la normativa no se tomó en cuenta el patrimonio de las sociedades, los activos en el exterior y los vehículos, porque la idea es tratar de impactar al menor número de contribuyentes.
Hasta la mesa legislativa también acudió la ministra de Finanzas (subrogante), Madeleine Abarca, quien aseguró que no hay la necesidad de crear un fideicomiso para manejar los fondos que provengan de la ley, en caso de ser aprobada. Para Abarca, los recursos que se manejen podrán ser depositados en una subcuenta dentro de la Cuenta Única del Tesoro Nacional.
Richard Espinoza, presidente del Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), también asistió a la Comisión para realizar una propuesta para que por un tiempo no determinado se suspenda el pago de aportes a la Seguridad Social de los afiliados que vivan en las zonas afectadas. “Analizamos la posibilidad de permitir a quien tiene deudas con el IESS y el BIESS y a los empleadores que debían cumplir las obligaciones con sus trabajadores, darles una tregua, para que no se les cargue con multas e intereses, sino que se les permita administrativamente realizar convenios de pago y cumplir sus obligaciones”, explicó Espinoza.
Según se señala en la página web de la Asamblea Nacional fueron cuatro los escenarios planteados por el IESS. En el primero está el caso de un afiliado que falleció en el desastre. En el segundo, si el afiliado perdió su casa en el sismo. En el tercero, si el afiliado no falleció pero quedó con una discapacidad permanente y tenía un crédito por vivienda, pero ya había pagado cierta cantidad de cuotas. Y finalmente el Seguro de Desempleo que cubrirá la demanda que se pueda generar para personas que hayan perdido su fuente de trabajo.
El último en comparecer fue el presidente de la Asociación de Nacional de Corredores de Seguros, Carlos Sandoval, quien afirmó que los representantes del organismo tienen la capacidad para hacer frente a las pérdidas económicas por el terremoto. Según explicó Sandoval, todavía no tienen una cifra clara del número de pólizas que deben activarse, pero tienen previsto que se presenten tres escenarios: la póliza de daños propios, que tiene cobertura en terremotos, temblores y erupción volcánica; una segunda que es por afectación, en donde consta el seguro de vehículos; y una tercera que cubre a las personas por muerte o asistencia médica.
Para este jueves, la Comisión invitó a la gerente general del Banco del Estado, Verónica Gallardo, para que exponga su criterio en torno a la propuesta de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), y al Gerente General de Seguros Sucre para que explique sobre la póliza suscrita con el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
