«Esto incluye tener un acceso apropiado a los medios de comunicación y a los miembros de su partido político», indicó en una declaración remitida a la prensa ese órgano de Naciones Unidas, que supervisa a los Estados en el cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En esa línea, pidió a Brasil que no se impida a Lula participar en las próximas elecciones presidenciales hasta que sus recursos ante tribunales del país sean resueltos «en procedimientos judiciales justos».
El Comité aclaró que se trata de una «medida interina» con la que se pretende «preservar los derechos» del exmandatario, y no de un pronunciamiento de fondo sobre su caso.
Los abogados de Lula denunciaron el pasado mayo ante el Comité de Derechos Humanos al Estado brasileño por razones de persecución política, pero el dictamen al respecto no se emitirá hasta 2019 para permitir a todas las partes defender sus argumentos.
El posicionamiento del Comité coincide con la inscripción en Brasil de la candidatura de Lula para los comicios del 7 de octubre, que de inmediato fue impugnada por la Fiscalía General y sobre la que debe decidir el Tribunal Superior Electoral.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU está compuesto por expertos independientes y no de funcionarios de esta organización.
Sus decisiones no son vinculantes y un Estado puede decidir cumplirlas o ignorarlas, incluidas las peticiones como las formuladas hoy en favor de Lula.
