Las sospechas sobre posibles actos de corrupción en la compra de insumos para enfrentar la pandemia del covid-19 se extiende a más entidades.
La tarde de ayer 27 de mayo fue allanada la Prefectura del Guayas y se indaga si hubo o no peculado en la adquisición de guantes quirúrgicos, mascarillas y pruebas rápidas.
El prefecto Carlos Luis Morales emitió un comunicado y dijo: “He ordenado que por ningún motivo se pague un solo centavo a la empresa proveedora relacionada con este contrato y he dispuesto la inmediata desvinculación del funcionario que hizo el informe y motivó la adjudicación y contratación”.
Temprano, la Fiscalía General además informó de cuatro incursiones: en el Municipio de Quito, en la Dirección de Salud, en la casa de Lenín Mantilla, secretario de Salud, y en la empresa que vendió pruebas para detectar el coronavirus. Según agentes, en este caso se investiga un posible sobreprecio.
La concejala Luz Elena Coloma afirmó, en Ecuadoradio, que otros dos proveedores presentaron propuestas más económicas para la ciudad. “Yo había realizado observaciones a ese contrato. Por ejemplo, noté que la empresa ganadora planteó una propuesta más cara que las dos (ofertas) que fueron desechadas”.
Tras los allanamientos, el alcalde Jorge Yunda presentó una denuncia formal en la Fiscalía y como medida administrativa separó a Mantilla y a su equipo. Hasta la tarde no hubo detenidos.
Según el documento SS-EE-Covid19-2020-001, en el proceso participaron también el Coordinador de Medicamentos y Dispositivos Médicos del Municipio, el Director del Subsistema de Salud y un técnico de compras.
La expansión del covid-19 ha hecho que 795 entidades públicas se declararan en emergencia. La idea es acelerar la adquisición de implementos médicos, de bioseguridad, de limpieza, etc.
Hasta ayer, 24 de estos entes eran señalados por posible peculado, tráfico de influencias, defraudación tributaria y asociación ilícita. De esas investigaciones, 22 casos no han pasado de la primera fase de la investigación. Es decir, permanecen en reserva.
Dos, en cambio, sí han avanzado y se encuentran en instrucción fiscal. En este último grupo aparecen los hechos relacionados con el Hospital de Los Ceibos, en Guayaquil. Cuatro funcionarios se encuentran detenidos.
En otro expediente, por la compra de 7 mil de kits de alimentos por parte del Servicio de Gestión de Riesgos, la Fiscalía presentó cargos por tráfico de influencias contra cinco funcionarios. Ellos se defienden en libertad.
La tarde del martes, en Milagro, un cantón del Guayas, también se ejecutó otra operación. 15 agentes ingresaron al Hospital del IESS, recogieron dinero en efectivo, documentos y computadoras y lo pusieron bajo cadena de custodia judicial.
Según el Servicio de Contratación Pública, esa casa de salud ha celebrado 11 contratos por USD 2,3 millones durante la emergencia. Los insumos más requeridos son trajes de bioseguridad, gel, alcohol y mascarillas.
En las intervenciones que ha hecho la Fiscalía, desde abril, también se ha interrogado a funcionarios pero solo en calidad de retenidos. Eso ocurrió el pasado 6 de mayo, cuando fue allanado el Hospital de la Policía Nº 2, en Guayaquil.
Directivos de ese centro fueron retenidos ocho horas, hasta que entregaran sus versiones. Así lo confirmó el fiscal César Suárez, quien participó en los operativos. Dijo que otros empleados de la clínica ya fueron citados a declarar y que la indagación avanza, por hoy, de forma reservada.
Luego de los operativos ejecutados, la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) pidió a la Fiscalía que “abra una investigación, no solo por las últimas compras con posible sobreprecio, sino también que investigue al grupo que lucró por años en los hospitales del IESS en Guayaquil y que desde la CNA ya se ha denunciado”.
Este organismo de la sociedad civil ha presentado tres quejas desde junio del 2019. Allí habla de la corrupción en los hospitales. Su última denuncia fue presentada el 7 de mayo y señaló a 11 contratistas, unos con RUC para proveer servicios de comida, quienes se habrían beneficiado de procesos de salud por USD 32,5 millones.
Fuente: El Comercio-Nota Original: LINK
