La aprobación del informe de minoría de la Ley de Comunicación, el pasado 21 julio, por parte de la Asamblea Nacional, ha generado reacciones negativas desde diferentes gremios de periodistas y medios de comunicación, quienes la califican como una ley “mordaza” o sancionatoria con la opinión.

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En NotiMundo Estelar, Dalton Bacigalupo, asambleísta por Izquierda Democrática (ID), rechazó parte de los artículos de esta norma y aseguró que “hay aspectos que conspiran contra el ejercicio de una prensa libre y de la libertad de expresión de quienes ejercen el periodismo”.

 El asambleísta por la ID, Dalton Bacigalupo, cuestionó esta normativa debido a que, desde su punto de vista, se quiere impedir que los periodistas puedan opinar respecto de acontecimientos noticiosos. Asimismo, Bacigalupo arremetió contra un sector político de la Asamblea y aseguró que “se piensa que, en algún momento, algunos van a volver al poder y, en el estilo autoritario de Gobierno de estos sectores, resulta que no quieren que haya un ejercicio libre del periodismo”.

 Entre los puntos que Bacigalupo criticó, están las sanciones. “No habla de sanciones penales, pero señala que, en cuanto se establezcan responsabilidades ulteriores, estas pueden alcanzar amenazas en el orden civil”, dijo Bacigalupo y agregó que este tipo de penalización puede implicar una autocensura la cual va en contra de la transparencia y de la libertad de expresión.

“La posibilidad de penalizar la actividad periodística es una violación a la convención Americana de Derechos Humanos”, preció Bacigalupo y explicó que en esta reunión, que se realizó hace décadas, se estableció limitaciones para que la actividad periodística no pudiera ser sujeto al a amenaza de ser responsables penalmente por el ejercicio perióstico.

Además, manifestó que, con esta nueva normativa, se pretende convertir a la Defensoría del Pueblo en una nueva Superintendencia de Comunicación “como la que operó durante el correísmo”.

Cuestionó que no es posible que el Estado impida que se publiquen noticias falsas. “¿Quién califica en el país que una información puede ser falsa o no?”, se preguntó y recomendó que el Ejecutivo debe vetar totalmente esta normativa.

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