El Concejo Metropolitano de Quito, en sesión extraordinaria, trató la mañana de este jueves 9 de julio del 2020, el primer debate de una ordenanza sobre la Revisión Técnica Vehicular (RTV).
La propuesta es que debido a la emergencia sanitaria causada por el covid-19, y con el fin de evitar aglomeraciones, este año no se realice la RTV para salvaguardar la salud de los quiteños.
El proyecto de ordenanza busca extender la validez del certificado de la RTV del 2019 al 2020, así, este año no se realizará ese trámite.
Quienes ya cancelaron el valor correspondiente, pero debido a la emergencia sanitaria no lograron hacer el trámite, recibirán una nota de crédito por parte de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), que se hará válida en el 2021.
La concejala Mónica Sandoval, miembro de la Comisión de Movilidad del Cabildo, considera que la propuesta es acertada tomando en cuenta que debido a la pandemia, no se puede trabajar con los centros abarrotados.
Señaló, además, que la decisión sobre este tema la puede tomar totalmente el Municipio, y la forma correcta de hacerlo es a través de una ordenanza.
Añadió que el COE nacional no tiene facultades normativas en ese sentido. “A nivel nacional, el COE puede emitir directrices amparadas en el decreto de emergencia, pero las competencias de transporte están transferidas a los municipios”, indicó.
Por otro lado, los vehículos de transporte público, como buses, taxis y servicio comercial sí deberán realizar el trámite tomando en cuenta la seguridad vial y el bienestar de los pasajeros.
Otro de los temas que se discutió fue la relación que el Cabildo mantiene con la empresa que brinda el servicio de RTV. La propuesta es que desde enero del 2021, el Municipio brinde ese servicio de manera directa.
Cada año, se recaudan cerca de USD 12 millones por este concepto, de los cuales el 65% va a manos del prestador del servicio y 35% al Municipio.
Pero además, el gobierno local le paga un rubro a la empresa por operar. Justamente por eso, Sandoval considera necesario un ejercicio de fiscalización al contrato con la empresa que brinda el servicio.
La propuesta de ordenanza tuvo varias observaciones por parte de los concejales. La edil Soledad Benítez pidió a la autoridad emitir un informe sobre cuál sería el impacto del no cobro de este rubro durante este año, cómo esa disminución afectaría al presupuesto y directamente a qué obras.
Varios concejales le pidieron al Procurador de la Alcaldía que aclare sobre las competencias que tienen los Gobiernos Autónomos Descentralizados en cuanto a este tema, ya que según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) se debe realizar la Revisión Técnica Vehicular y si el Cabildo decide no hacerlo, podría ir en contra de una normativa mayor.
El concejal Fernando Morales cuestionó el convenio de pago que el Municipio mantiene con la empresa que al momento brinda la RTV. “Es ilógico que, aparte de los pagos que hacen los quiteños por el servicio, el Municipio adicionalmente deba pagar a esa empresa”.
Omar Cevallos, miembro de la Comisión de Movilidad, indicó que todas las inquietudes serán tomadas en cuenta y para el segundo debate se incluirán los informes solicitados.
Dijo, además, que como no es el Municipio quien realiza la RTV sino una empresa privada, el porcentaje que recibe el Cabildo no es tan alto como se imagina, por lo que el impacto en el presupuesto no es mayor.
Fuente: El Comercio – Nota Original : LINK
