La Comisión garante de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) definirá este jueves la metodología de trabajo, los temas a tratar y la hoja de ruta a seguir en los siguientes 90 días, en los que tres movimientos indígenas y el Gobierno deberán llegar a acuerdos como parte del acta por la paz que se suscribió después del paro nacional de 18 días.
La Conferencia Episcopal informó este martes, 5 de julio, que fijó un primer encuentro entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (Feine), con las autoridades del Gobierno, que se realizará este 7 de julio desde las 09:00 en Quito, para establecer una denominada “mesa técnica”.
Ello, como parte del cumplimiento del punto 6 del acta por la paz, que se firmó el 30 de junio, en el que los comparecientes acordaron instalar una mesa de diálogo con la presencia de los garantes, con una metodología definida por las partes para el seguimiento de acuerdos y la resolución de los temas pendientes presentados en los diez puntos de la agenda que impulsó el movimiento indígena para ejecutar el paro.
La Conferencia aspira a que este proceso “de diálogo, discernimiento y toma de decisiones nos ayude a construir juntos un Ecuador de fraternidad, justicia y equidad”.
La Conaie, Feine y Fenocin movilizaron a sus bases como una medida de hecho para exigir al régimen que cumpla una agenda de diez puntos:
- Reducción y no más subida del precio de los combustibles.
- Moratoria de un año en el sistema financiero para que las familias paguen sus deudas.
- Precios justos en los productos del campo.
- Empleo y derechos laborales.
- No minería en territorios indígenas ni fuentes de agua.
- Respeto a los 21 derechos colectivos.
- No privatización de los sectores estratégicos.
- Políticas de control y especulación de precios.
- Presupuesto urgente para salud y educación.
- Generación de políticas públicas de seguridad y protección.
En respuesta, el presidente Guillermo Lasso emitió el Decreto Ejecutivo 456 en el que dispuso el cumplimiento de varias políticas, como:
- Al Ministerio de Educación para que duplique el presupuesto a la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación.
- Al Ministerio de Agricultura y Ganadería mandó a que implemente un subsidio del 50 % en el precio de la urea para pequeños y medianos productores a partir del 1 de julio de 2022.
- Al Ministerio de Inclusión Económica y Social para que ejecute el incremento del Bono de Desarrollo Humano a $ 55.
- Al BanEcuador para que instrumentalice la reducción de las tasas de interés del 10 % al 5 % para los créditos vigentes por montos de hasta $ 3.000; y, la condonación de todos los créditos vencidos al 31 de mayo de 2022 por montos de hasta $ 3.000.
- Asimismo, que abra líneas de crédito con un monto de $ 100 millones para los pequeños y medianos productores. Estos créditos deben ser por montos de hasta $ 20.000 al 5 % de interés anual y hasta diez años plazo.
- Se ordenó a BanEcuador que requiera a la Junta de Política y Regulación Financiera el establecimiento de una tasa de interés máxima para créditos de interés social pertenecientes al segmento de microcréditos al 5 % anual y hasta diez años plazo.
- El Ministerio de Economía y Finanzas deberá entregar los recursos correspondientes que requieran los ministerios a cargo de cumplir estos mandatos presidenciales.
Con el Decreto Ejecutivo 452 dispuso a los gobernadores que intensifiquen los controles para evitar la especulación en los precios de los productos de primera necesidad; con el 454 se declaró la emergencia en el sector salud.
Con el Decreto 462 redujo los precios de la gasolina extra, ecopaís y el diésel en 10 centavos.
Luego, el 30 de junio, al suscribir el acta de la paz, el mandatario firmó un nuevo decreto con el que redujo 5 centavos más a los precios de los derivados de petróleo.
Derogó el Decreto 95 en materia de hidrocarburos; reformó el 151 respecto del plan de acción para el sector minero, en el que se dispone que esta actividad no se podrá realizar en zonas protegidas, intangibles, arqueológicas, área de protección hídrica y se garantizará la consulta previa e informada a las comunidades indígenas.
Además, se comprometió a elaborar un proyecto de ley para reformar el artículo 66 de la Ley Orgánica de la Circunscripción Especial Amazónica.
Fuente: El Universo – Nota original: LINK
