La Corte Nacional de Justicia de Ecuador confirmó la pena de seis años de prisión impuesta al expolicía Francisco G. por la muerte del joven Juan Pablo Bolaños, ocurrida el 30 de septiembre de 2010, cuando se produjo una sublevación policial que el Gobierno consideró un intento de golpe de Estado.

La Corte Nacional de Justicia de Ecuador confirmó la pena de seis años de prisión impuesta al expolicía Francisco G. por la muerte del joven Juan Pablo Bolaños, ocurrida el 30 de septiembre de 2010, cuando se produjo una sublevación policial que el Gobierno consideró un intento de golpe de Estado.

La Fiscalía General del Estado informó hoy en un comunicado de la decisión de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que desestimó por unanimidad un recurso de casación presentado por la defensa del condenado.

Bolaños, estudiante de Economía de la Universidad Central estatal de Quito, fue una de las cinco personas que fallecieron en la capital ecuatoriana durante la sublevación de agentes el 30 de septiembre de 2010, que se concentró en las inmediaciones de un hospital policial.

La revuelta había empezado como una protesta de los agentes por temas salariales, pero luego se convirtió en un alzamiento de proporciones.

El presidente del país, Rafael Correa, que había acudido al lugar para intentar sofocar la protesta, tuvo que refugiarse en el hospital ante el acecho de policías disconformes y salió nueve horas después tras una operación militar efectuada en medio de un intenso tiroteo.

Ese día, según las investigaciones de la Fiscalía, Bolaños recibió dos impactos de bala mientras participaba en una marcha en apoyo al Gobierno en las cercanías del hospital donde se encontraba retenido el gobernante.

La Fiscalía indicó que durante la audiencia de casación presentó los informes de balística y el análisis microscópico de los dos proyectiles extraídos del cuerpo de Bolaños, estudios que determinaron que el arma con la que se hicieron los disparos pertenecería a el expolicía Francisco G.

Con este fallo, los jueces ratifican la sentencia sobre el caso emitida por la Corte Provincial de Justicia de Pichincha en 2013 por considerar que «no se cumplen los fundamentos constitucionales que exige el recurso de casación».

El 14 de febrero del 2014, la Corte Provincial de Pichincha había negado el recurso de nulidad a la sentencia planteado por su abogado defensor, agrega el comunicado.