El juez Claudio Bonadio, encargado de la causa conocida como «dólar futuro», recibió a Fernández de Kirchner allí en este tramite formal, notificatorio y personal. En este encuentro, el juez Bonadio dictó la inhibición de los bienes de la expresidenta, quien asegura que ello confirma el hostigamiento judicial del que ella es objeto. Eso significa que sus bienes quedan congelados: no puede vender ni hipotecar sus propiedades, aunque eso no afecta su dinero en efectivo.
Esta es la segunda aparición de Cristina Fernandez en público, una situación menos triunfalista que la primera cita en los tribunales, que —según los adeptos al kirchnerismo— constituyó su regreso politico.
Fernández de Kirchner aprovechó la ocasión para denunciar al juez que la investiga y a la diputada Margarita Stolbizer, a quien acusa de tráfico de información y de paso la calificó de «burra».
«Hoy quedó evidentemente demostrado que el hostigamiento por parte de algún sector del poder judicial que denomino el partido judicial, ya reviste caracteres casi ridículos», dijo Fernández. «Nos procesa precisamente por la devaluación que hace el gobierno que nos sobrevino y por los contratos a futuro, muchos de los cuales fueron celebrados por los que hoy son funcionarios cuando eran CEOs o empresarios, y luego siendo funcionarios pactaron con el titular del Rofex el precio».
Se trata de la causa por la venta del dólar a futuro al final del segundo mandato de Fernández de Kirchner, una operación que habría sido perjudicial para el Estado.
Para el juez la maniobra constituiría una defraudación a las arcas públicas debido a que celebraron contratos con un valor del dólar —menor— que no se sostuvo tras la devaluación de enero en el mandato de Mauricio Macri.
La defensa de la exmandataria y los otros imputados dice que el Banco Central es una entidad autónoma que no depende del Ejecutivo y que la devaluación la realizó el gobierno de Macri, no el de Fernández.
Es la primera causa en que Fernández —investigada en otros casos— tiene cargos formales.
La resolución de mayo del juez sobre la intervención de Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicilloff dice que es “es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del B.C.R.A. de U$s 5.000 millones a 17.000 millones (de dólares), que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional”.
