A Chávarry, quien asumió hace apenas dos semanas el cargo para el que había sido elegido en junio, es acusado de los delitos de patrocinio ilegal, cohecho y tráfico de influencias, según lo aprobado por unanimidad por la subcomisión de acusaciones constitucionales.
La acusación fue presentada al Congreso por el legislador izquierdista Marcos Arana, quien afirmó que Chávarry “le mintió al país” al negar haberse reunido con el cuestionado juez César Hinostroza, un miembro de la Corte Suprema involucrado en el escándalo.
Chávarry negó haber acudido a una reunión con el juez en la casa de un empresario que ahora está preso por el escándalo, pero después reconoció que había asistido.
La subcomisión también declaró procedentes las denuncias contra el expresidente de la Corte Suprema Duberlí Rodríguez, el juez Hinostroza y cuatro directivos del Consejo Nacional de la Magistratura, el órgano que designa a los jueces y fiscales peruanos.
El legislador socialdemócrata Javier Velásquez explicó que la subcomisión tramitará su resolución ante la Comisión Permanente del parlamento para iniciar las investigaciones a los siete acusados, que por su investidura, solo pueden ser destituidos por el plenario del Congreso.
Paradojalmente, la acusación contra el juez Hinostroza la presentó el propio fiscal general al Congreso.
El escándalo de los audios estalló el 8 de julio tras la divulgación de conversaciones telefónicas grabadas por la policía a pedido de la fiscalía para seguirle la pista a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en el Callao, el principal puerto de Perú, vecino a Lima.
