La decisión fue adoptada la noche de este viernes 22 de junio y en el documento se indica que los funcionarios laborarán en las provincias de Guayas, Pichincha, Carchi, Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cañar, Azuay, Loja, Esmeraldas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas, Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
De acuerdo a la mencionada resolución, los fiscales ejercerán ese cargo de manera temporal hasta que se concrete el respectivo concurso de méritos y oposición.
A partir de su posesión por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (CPCCS-T), el pasado 19 de junio, los vocales del CJ mantuvieron una serie de reuniones con representantes y delegados de los distintos estamentos que integran la Función Judicial.
En esos encuentros, se ratificó que impulsar la lucha contra la corrupción en el sistema judicial es una de las prioridades que tienen las nuevas autoridades de la institución.
Así, el Presidente del CJ, Marcelo Merlo, recibió las visitas de la titular de la Corte Nacional de Justicia, Paulina Aguirre, y del fiscal general, Paúl Pérez Reina. Con ellos dialogó acerca de la necesidad de implementar acciones que permitan mejorar la administración de justicia en un marco de independencia, ética, transparencia y aplicación rigurosa de la ley.
La agenda de las autoridades del CJ incluyó también reuniones con delegados de las asociaciones de Magistrados y Jueces del Ecuador (AEMAJ) y de las mujeres abogadas de Ecuador (AMAE).
En esas citas, el Pleno del CJ ratificó su apertura para trabajar de forma coordinada con todos los actores del sistema de justicia. En el marco de estas conversaciones, el Presidente Merlo y los vocales del CJ Zobeida Arangundi, Angélica Porras y Aquiles Rigail se comprometieron a investigar y dar seguimiento a presuntos casos de corrupción en el sistema judicial. Además, solicitaron que los servidores que conozcan este tipo de hechos los denuncien.
Fuente: El Comercio
