En una plenaria virtual de este 23 de abril, la titular del Consejo, Sofía Almeida, mocionó que se acoja el informe jurídico interno para remover a Murillo, porque el ministro de Trabajo, Andrés Isch, les remitió una comunicación el 20 de abril, haciéndoles conocer que reportaba un impedimento legal.
Aunque horas antes de esta sesión, Isch envió un “alcance” a su memorándum, en el que explicó que Murillo había solicitado levantar dicho impedimento.
No obstante, Almeida apresuró su moción, que la respaldó el consejero Javier Dávalos, y votaron a favor: Ibeth Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Dávalos y Almeida. En contra, votaron Hernán Ulloa y Francisco Bravo; y, David Rosero se abstuvo.
Francisco Bravo, también presentó una moción, pero para que se rechace el informe jurídico interno al que calificó de “infundado”; y recordó la vigencia de la sentencia de la Corte Constitucional (CC) de que no tienen autotutela para revisar las decisiones del CPCCS-Transitorio.
Ulloa respaldó su postura, y aseguró que el Consejo no tiene facultad de remover autoridades. “El Consejo de Participación Ciudadana solo designa, no remueve a las autoridades”, enfatizó; y exhortó al ministro Isch a no ponerlos en un “aprieto innecesario”.
En medio de la sesión, se permitió a Murillo defenderse y enfatizó que su designación tiene “absoluta legitimidad y legalidad”.
Detalló que en el 2012 se acogió a un plan de desenrolamiento voluntario, y recibió una compensación de $ 30.600, por lo que, tendría impedimento legal para volver a la función pública, solo si volvería a ser juez o ocupar cargos en la Función Judicial, como de fiscal o defensor público.
“Los vocales del Consejo de la Judicatura no pertenecemos a la carrera de la Función Judicial. Estamos cumpliendo un periodo fijo de seis años. Mi nombramiento es legítimo y legal y lo he venido ejerciendo desde el 29 de enero del 2019. Las reglas e impedimentos de la Función Judicial son para las carreras judiciales, de fiscales o defensoriales”, insistió.
Almeida le cuestionó que él reconoce que tenía este impedimento y que no podía ejercer. Murillo repitió sus alegatos y le increpó: “Creo que no me está entendiendo o no me quiere entender, presidenta”.
Denunció que se pretende “echar mano a la justicia con intereses protervos, pero el pueblo, en el proceso electoral, ha hecho saber que está en contra de la delincuencia organizada”.
Finalmente, tras casi dos horas de debate fue removido.
En el 2019, el CPCCS-Transitorio organizó un concurso por ternas, en el que Murillo fue designado vocal de la Judicatura, postulado por la Asamblea Nacional.
En ese entonces, ya reportaba esta inhabilidad para ejercer en el Ministerio. Y, según el ahora exconsejero, el equipo técnico del Consejo Transitorio sí observó esta inhabilidad, pero presentó los descargos respectivos, como que sus funciones son para un periodo fijo de seis años y que es sujeto de juicio político en la Asamblea Nacional.
Por ello, el pleno de ese entonces, presidido por Julio César Trujillo, los acogió y fue designado por unanimidad. Además, “nadie me impugnó”, precisó.
Pero dos años y tres meses después de haberse mantenido en la Judicatura, Isch argumentó que el exvocal podía reingresar al sector público, sin devolver la compensación económica, solo para ocupar “cargos de nombramiento provisional y de libre nombramiento y remoción”.
Pero que Murillo venía ocupando un cargo de periodo fijo, lo que contraviene el artículo 14 de la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep).
Murillo advirtió que acudirá a instancias legales si sus derechos son vulnerados, incluso a organismos internacionales.
En todo caso, la vacante la asumirá su suplente, Elsy Celi, quien ya fue designada meses atrás por el CPCCS en reemplazo de Aurelio Moreno, que renunció en noviembre del 2020.
Luego dejó sin efecto esa designación, e inició un concurso con una terna enviada por el presidente de la República, Lenín Moreno, con el que se eligió como vocales a Xavier Muñoz y Solanda Goyes, como principal y suplente, respectivamente.
Nota Original: El Universo – LINK
