Al ser esta la última instancia del proceso de evaluación, de inmediato se ejecuta la destitución de Gustavo Jalkh, Néstor Arbito, Ana Karina Peralta, Rosa Elena Jiménez y Alejandro Subía.
Y le corresponde al Cpccs transitorio nombrar a sus reemplazantes temporales y empezar el proceso para designar a los nuevos titulares a través de ternas enviadas por instituciones del Estado.
Los consejeros encargados son Marcelo Merlo Jaramillo, Zobeida Aragundi, Aquiles Rigail, Angélica Porras y Juan Pablo Albán. Merlo será el presidente encargado.
El recurso de revisión que la Judicatura presentó para impugnar la cesación constó de 116 páginas y más los anexos sumaron 425 páginas. El Pleno del Cpccs aclaró que no puede pronunciarse sobre pruebas nuevas que se presentaron en la impugnación ya que la fase probatoria se sustanció previamente.
El Consejo además descartó que el proceso de evaluación haya tenido algún tipo de vicio o vulneración de derechos. La Judicatura alegó, por ejemplo, que hubo irregularidades en las denuncias presentadas en la evaluación porque no todas les fueron notificadas. Ante esto el Cpccs respondió que se debe tomar en cuenta que tienen facultades ordinarias y extraordinarias que les permiten investigar denuncias sobre supuestos casos de corrupción.
Minutos antes de que el Consejo transitorio tome esta decisión, en la Asamblea Nacional, los integrantes de la Comisión de Fiscalización no tuvieron mayoría para dar paso al juicio político a los exvocales de la Judicatura ni tampoco para archivar el proceso. De esta manera, el caso volverá al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que determine qué procede.
Aunque los exfuncionarios ya no ostentan el cargo público, según la Constitución siguen siendo objeto de un juicio político. En caso, de que este se llegue a concretar ya no tendrá la facultad de destitución pero sí de censurar políticamente a los exconsejeros por incumplimiento de funciones.
Fuente: El Comercio
