En su informe final, el organismo determinó indicios de responsabilidad penal y administrativa para funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el expresidente Rafael Correa.
Las principales observaciones apuntan a los cambios o aprobación de normas que permitieron un manejo discrecional del endeudamiento entre el 2012 y mayo del 2017. Pero el trabajo de la Contraloría no termina ahí. El organismo efectuará análisis especiales a tres operaciones de financiamiento.
El primero será a la decisión del Gobierno de pagar una parte de la deuda con el Banco Central a través de acciones de la banca pública,en mayo pasado. El segundo examen se efectuará sobre las operaciones de inversión y crédito con el oro de las reservas. Y la colocación de Certificados de Tesorería, que son papeles de menos de un año, con los cuales el Fisco obtiene liquidez. El examen de este último ya está en marcha.
Adicionalmente, se hará otras cuatro auditorías: a las condiciones financieras, plazos, garantías y comisiones de las operaciones de endeudamiento público; a la contratación de abogados y agentes para las operaciones de colocación de bonos; al uso de los recursos provenientes del endeudamiento; y, por último, a los intereses y otros costos del financiamiento.
