Según el documento, la señal que emiten los dispositivos llega al Ministerio de Justicia con una localización pero hasta el ECU-911 llega con otra ubicación de la persona a la que se le dispuso la utilización del equipo.
El borrador estableció, además, que en el proceso de compra de los equipos se habrían cometido irregularidades que habrían dejado un perjuicio de más de $ 3 millones al Estado.
Los funcionarios y excolaboradores mencionados en esta auditoría tendrán cinco días para emitir sus descargos. La Contraloría realizó este examen especial luego de que venció el contrato con la empresa proveedora de estos sistemas de rastreo y monitoreo de procesados por el sistema judicial ecuatoriano.
De acuerdo con un oficio emitido por el Ministerio de Justicia, en 2016 se adquirieron 4.000 dispositivos de geoposicionamiento, de los cuales hasta el 6 de agosto se efectuaron 6.903 eventos de instalación y desinstalación, encontrándose actualmente monitoreados 2.909 en cumplimiento de las disposiciones judiciales.
Fuente: El Telégrafo
