Hallazgo de kits de ayuda embodegados, donaciones caducadas o gastos no justificados son algunas de las novedades que encontró la Contraloría en siete entidades estatales, durante una parte de la emergencia tras el terremoto del 2016.
El informe examinó el uso de USD 45,59 millones que transfirió el Ministerio de Finanzas a otras seis carteras de Estado, entre el 16 de abril y el 21 de julio del 2016. La suma más alta no justificada es USD 6,3 millones que destinó el Ministerio de Defensa a las Fuerzas Armadas. Ese dinero provino de un Préstamo Contingente del Banco de Desarrollo Interamericano (BID), que se hizo efectivo tras el sismo.
Se trata del préstamo EC – X1014 de hasta USD 300 millones que el BID firmó con el Gobierno en el 2012 para gastos ante desastres naturales. Según el BID, para la emergencia se entregaron USD 160 millones. En el contrato de ese préstamo se especificaron los fines para los que no deben utilizarse estos fondos. Precisamente a una de estas cláusulas, la 2.07, se refiere la Contraloría.