Esto en el marco de las denuncias que se realizaron el año pasado por la entrega de carnés de discapacidad, en procedimientos como la calificación, la entrega de beneficios relacionados con tarifas preferenciales, exenciones arancelarias y seguridad social.
Dos informes finales se remitieron a la Fiscalía General con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP), al hallarse irregularidades en el Ministerio de Salud y su dirección distrital de Guaranda, cuyos resultados son reservados.
El órgano de control informó que las observaciones apuntan a la falta de sustento para la calificación de los porcentajes de discapacidad, funcionarios que no están facultados para calificar la discapacidad, inconsistencias en los porcentajes asignados entre los expedientes físicos y los registros del sistema informático en el MSP.
También la falta de certificados y exámenes médicos que avalen las recalificaciones e incremento de porcentajes.
Se ejemplificó que en la Dirección de Salud de Lago Agrio un paciente pasó un 30% de discapacidad calificado por el Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis) a un 40%, sin exámenes médicos.
A otro ciudadano se le recalificó una discapacidad auditiva del 36% y se la incrementó al 54%, sin la justificación correspondiente.
Estas dos personas se beneficiaron —según la Contraloría— de la exoneración de impuestos para la importación de vehículos.
Estas auditorías se realizan en un periodo del 1 de enero del 2014 al 15 de julio 2020.
En julio pasado, el contralor Pablo Celi informó a la Asamblea Nacional que se practicaron 59 exámenes al proceso de entrega de carnés de discapacidad, en los que se halló la emisión de 2.283 de estos documentos, y que en el 2019 se incrementó en un 172% la importación de vehículos nuevos.
Nota Original: El Universo – LINK
