Un examen especial de la Contraloría General del Estado (CGE) a las funcionalidades del Sistema Automático de Trámite Judicial Ecuatoriano (Satje), utilizadas para el sorteo de causas por la Función Judicial, pone en evidencia irregularidades que estarían afectando la transparencia de este proceso. El análisis comprendió el periodo entre el 1 de abril de 2017 y el 31 de diciembre de 2021.
El examen especial al sistema a cargo del Consejo de la Judicatura (CJ) se realizó por una orden de trabajo de agosto de 2022 dispuesta para cumplir objetivos como verificar el cumplimiento de las disposiciones emitidas para el sorteo de causas en la Función Judicial y verificar la confidencialidad, integralidad y disponibilidad de la información registrada y procesada por las funcionalidades del Satje utilizadas para el sorteo de causas.
El equipo de auditoría durante el periodo de análisis hizo observaciones a las funciones del Satje utilizadas en el módulo de sorteos web. Entre ellas, instrucciones ejecutadas en la base de datos del Satje sin autorización, falta de acciones correctivas a las vulneraciones detectadas en las funcionalidades del sorteo de causas del Satje o que la funcionalidad de “Flagrancias” sin configuración de turnos ni sorteo permitió el acceso de causas no penales.
Dentro de las conclusiones de estas primeras observaciones, señala el examen, se identificaron 77 causas para las que varió el resultado del sorteo automático, debido a que, previo y posterior a su sorteo, se ejecutaron instrucciones directas a la base de datos de producción del Satje sin la autorización. Esto se habría dado por la falta de controles en los accesos a la base de datos, lo que ocasionó que no se garantice el principio de transparencia en el sorteo de las causas para los casos analizados.
Por incurrir en la infracción gravísima de “manipular o atentar gravemente contra el sistema informático de la Función Judicial”, Israel Palacios fue destituido del cargo de juez de la Unidad Civil con sede en Quito (Pichincha). La decisión fue adoptada el pasado 11 de octubre por el pleno de la Judicatura con una mayoría de votos.
Según el expediente disciplinario, en una causa constitucional que había sido ingresada en 2021 a través de “Ingreso directo”, Palacios supuestamente cambió el tipo de acción y delito tres horas después del sorteo, sin que haya alertado o sentado una razón en el sistema que justifique este procedimiento. Pese al incumplimiento, él habría continuado con la tramitación de la causa.
La sanción de tipo administrativo se enmarcó en lo dispuesto en el artículo 109, numeral doce, del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ). En esa norma se describen las infracciones gravísimas y la número doce indica que al servidor de la Función Judicial se le impondrá sanción de destitución por manipular o atentar gravemente contra el sistema informático de la Función Judicial.
La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj), de la cual Palacios fue presidente, criticó que la destitución haya llegado luego que esta instancia fue convocada a la Asamblea Nacional por el juicio político que se daba contra tres vocales del CJ. Según esta agremiación, este proceso se fundamentó en la demanda de inconstitucionalidad de la evaluación a jueces de la Corte Nacional que fue aceptada por la Corte Constitucional luego de ser presentada en 2019 por Palacios, en calidad de presidente de la Aemaj.
“No se implementaron en el sistema Satje controles a las funcionalidades “Flagrancias” e “Ingreso de histórico”, debido a la falta de acciones correctivas ante los riesgos de manipulación y vulnerabilidades por parte de los servidores responsables de analizar y viabilizar la aprobación de los proyectos para las mejoras del sistema a través de las mesas directivas que deben conformarse para el efecto, ocasionando que transcurran 1.215 días sin que se garantice el principio de transparencia en el ingreso de causas a través de estas funcionalidades”, señala el examen en otra de sus conclusiones.
Entre otros hallazgos del examen especial está el que existen causas constitucionales sin sorteo a través del Satje; falta de controles en el Satje para el ingreso de causas sorteadas manualmente e históricas; algoritmo del sorteo automático de causas predecible, no aleatorio y no consideró la carga de trabajo real distribuida entre servidores judiciales; falta de controles en la gestión de usuarios y roles del sorteo de causas; y falta de pruebas funcionales, integridad y pistas de auditoría en la base de datos del Satje.
“La funcionalidad ‘Flagrancias’ no permitió realizar sorteos automáticos, motivo por el que en 396.089 causas ingresadas en el Satje como flagrancias se aplicaron sorteos no automatizados que permitían conocer la identidad de los jueces antes de su designación. Además, 169.301 causas fueron asignadas a jueces que no estuvieron configurados en turno y se ingresaron 179 causas como flagrantes, cuya materia era distinta a la materia penal”, explica una conclusión más del informe.
Advierte el análisis que debido a que no se gestionaron los correctivos para que el sistema sortee automáticamente los casos de flagrancia entre jueces competentes y que admita los que cumplan dicha condición, eso ocasionó que no se garantice el principio de transparencia y que se afecten los principios de celeridad y debida diligencia en el ingreso de las causas.
La exjueza de la Unidad Judicial de Violencia contra la Familia y Mujer de Quitumbre, María Belén Domínguez, se encuentra a la espera de la audiencia de juzgamiento por el delito de tráfico de influencias, proceso penal que se le sigue por la supuesta interferencia de la exfuncionaria judicial en el sorteo de una acción de protección presentada por el hoy exalcalde de Quito Jorge Yunda, la cual tenía como fin evitar su remoción del cargo.
Para la Fiscalía, Domínguez era la autora directa del delito analizado, pues habría dispuesto, por medio de otras funcionarias judiciales, el ingreso de la acción constitucional presentada por Yunda al Complejo Judicial de Quitumbe, en el sur de Quito. El fiscal que formuló cargos aseguró que la disposición de la jueza se hizo “con la consigna de que la causa debía recaer en ella”.
“Por pedido de la procesada, dicha acción de garantía constitucional llegó a su despacho como un proceso de ‘violencia contra la mujer y la familia, mediante acto urgente, asistencia judicial recíproca’, logrando de esta forma que el expediente no se sortee entre los 331 jueces del Distrito Metropolitano de Quito, sino que las posibilidades se reduzcan a los cuatro de la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia del Complejo Judicial Sur de Quitumbe, a la que pertenecía Domínguez”, explicó la Fiscalía sobre este caso.
En octubre de 2021, el pleno del Consejo de la Judicatura destituyó a Domínguez y a Daniela A., a ese momento jueza y ayudante judicial, por ejecutar de forma irregular el sorteo de causas.
Fuente: El Universo – Nota original: LINK
