Informes oficiales indican que los permisos otorgados a las cooperativas de transporte, que se sospecha fueron ilegales, se emitieron entre el 29 de enero y el 20 de mayo de este 2021, durante tres reuniones del Directorio de la ANT.
En total, se beneficiaron 64 operadoras de transporte terrestre que laboran en 18 provincias. Según las investigaciones, funcionarios públicos otorgaron estos servicios a pesar de no contar con un Plan Nacional de Rutas y Frecuencias, como lo establece el art. 117 de la Ley de Transporte.
Ahora, la Contraloría General verifica estas anomalías. Desde el 16 de julio pasado, el ente de control realiza un examen especial para establecer responsabilidades. Al realizar esta auditoría se podrá determinar si existen indicios de responsabilidad penal.
¿Cuál es la afectación?
Según Castro, estas rutas y frecuencias se entregaron sin un criterio técnico y eso afecta a la seguridad vial. El funcionario explicó que eso ha originado problemas en las terminales terrestres. “Salen tres o cuatro buses al mismo tiempo, o cada cinco minutos y al mismo destino. Eso implica que circulen a exceso de velocidad en las vías por recoger a más pasajeros, y los conductores pueden accidentarse”.
Este Diario cruzó datos con la ANT y conoció que en los últimos tres meses se han registrado 107 accidentes de tránsito a escala nacional. En estos siniestros han estado involucradas operadoras de buses que obtuvieron estas rutas y frecuencias irregulares.
Por esos choques hubo 14 fallecidos y 106 personas lesionadas. Por ejemplo, un autobús se accidentó el pasado 23 de julio, en la vía Puebloviejo- Ventanas. Una mujer y un adolescente fallecieron luego de que el bus interprovincial se volcara sobre la vía. Otros 21 pasajeros resultaron heridos.
Otro caso similar ocurrió el 30 de abril de este año. Un bus perdió pista y se volcó. Hubo 10 usuarios lastimados y un fallecido. Ocurrió en Carchi.
El 8 de junio pasado, tras asumir el cargo como director de la ANT, Castro descubrió esas supuestas irregularidades.
Una de las primeras acciones que adoptó fue desvincular a nueve funcionarios de la entidad, quienes habrían estado involucrados en los actos.
Además, las autoridades actuales emprendieron una investigación interna y las áreas jurídicas y técnicas de la ANT analizan, caso por caso, para revertir las rutas y frecuencias que presentan anomalías.
Sin embargo, aún no se ha revertido ninguna, los buses que las obtuvieron siguen operando. Castro dice que este proceso toma tiempo. “Tenemos un trabajo muy duro. Debemos corregir las cosas indebidas que han realizado las anteriores administraciones”.
El funcionario que estuvo al frente de la institución cuando ocurrieron estos hechos es Juan Pazos. El miércoles, él negó las acusaciones del nuevo director. Aseguró que todas las rutas y frecuencias fueron entregadas bajo los parámetros de la ley.
El exfuncionario también sostuvo que los transportistas que solicitaron estos servicios cumplieron con todos los requisitos. Por ejemplo, los interesados presentaron estudios de oferta y demanda y también justificaron la necesidad de acceder a estos servicios.
Fuente: El Comercio, nota original: LINK
