Este lunes se inició el plazo de 30 días para que el presidente Guillermo Lasso se pronuncie sobre el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, desde algunos sectores se ha solicitado el veto total del proyecto, uno de estos es el de la Corporación Participación Ciudadana. En Notimundo A La Carta, Simón Jaramillo, subdirector y asesor legal de la entidad, indicó que el informe genera preocupación porque mantiene una línea conceptual sancionadora hacia los medios de comunicación públicos y privados.

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El subdirector de la Corporación Participación Ciudadana, Simón Jaramillo, explicó que en el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación, existen algunos puntos que no están del todo claro para considerar a este informe como una norma, uno de ellos es el tema de las “sanciones civiles y de otra índole” que se establece hacia los medios de comunicación y periodistas, en caso de incumplir con la ley, pero, según Jaramillo, si bien no se específica el tema de responsabilidades penales, “queda ahí una duda de cómo se lo puede aplicar”esta sanciones.

Jaramillo insistió en que no se puede solicitar un veto parcial porque “el hilo conductor” de esta norma sigue siendo sancionadora para los periodistas, y porque se ignora los temas de equidad dentro de la comunicación, y sobre los medios incautados en anteriores gobiernos.

Para finalizar el subdirector de la Corporación Participación Ciudadana, aseguró que el hecho de que el proyecto se archive “es un riesgo” porque se lo volvería a tratar después de un año, así que Jaramillo espera que en el plazo de los 30 días se pueda decidir y establecer una norma en beneficio del país, ya que ese “es el objetivo de todos, más allá de quién gane o quién pierda”, resaltó.

 

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