Dos vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y dos jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) serían llevados a juicio político en la Asamblea Nacional.
De las filas del movimiento correísta de la Revolución Ciudadana (RC) surgen dos nuevas propuestas de juicio político, aunque una de ellas fue calificada a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
La asambleísta de la RC Patricia Núñez Ramos presentó, el 8 de agosto de 2024, una solicitud de juicio político en contra de los consejeros Andrés Fantoni Baldeón y Mishelle Calvache Fernández, presidente y vicepresidenta, del Consejo de Participación Ciudadana, por la designación de Ricardo Morales Vela como titular de la Defensoría Pública.
La legisladora sustentó en el documento enviado al presidente del Parlamento, Henry Kronfle, que cumplió con el número de firmas requerido para llevar a cabo una interpelación por incumplimiento de funciones.
Según ella, los dos consejeros se arrogaron funciones al descalificar postulantes, violaron la seguridad jurídica; desconocieron el informe de calificaciones final de la comisión ciudadana de selección; o porque presuntamente limitaron la participación de la veeduría ciudadana.
Asegura que se incumplieron plazos reglamentarios; no completó la conformación de la comisión ciudadana. A Calvache la acusa, por ejemplo, de haberse parcializado a favor del postulante Morales Vela; y de la vulneración del derecho a la defensa.
El pedido de juicio político deberá ser calificado por el CAL antes de pasar a la Comisión de Fiscalización y Control Político, de mayoría afín al correísmo.
En contexto, el concurso público para la selección de la autoridad de la Defensoría Pública enfrentó tropiezos y sospechas de actos de corrupción y se tardó dos años en concluir con la designación de Morales.
En un primer momento, la comisión ciudadana dio una alta puntuación a Rodrigo Frías Toral y lo perfilaba como el próximo defensor público.
Pero el postulante renunció a seguir en el proceso tras las revelaciones del caso Metástasis que investiga la Fiscalía General del Estado.
De esas indagaciones se conoció que un vehículo de alta gama que se vinculaba con el narcotraficante Leandro Norero Tigua (+), Xavier J. M. y Ronny Aleaga, exasambleísta de la Revolución Ciudadana, había sido registrado a nombre del abogado Rodrigo Frías.
Luego, el Gobierno de los Estados Unidos le retiró la visa y, finalmente, renunció a continuar en el proceso.
Justamente, este 8 de agosto de 2024, en operativos y allanamientos que hicieron la Fiscalía General y la Policía Nacional en varias provincias, Frías Toral fue requerido para investigaciones porque estaría relacionado con una estructura delictiva para el cometimiento de delitos.
Entre ellos, informaron las autoridades, relacionados con tráfico de influencias, delincuencia organizada, lavado de activos, tráfico de armas, municiones y explosivos; e injerencias en procesos judiciales.
Rodrigo Frías fue director del Consejo de la Judicatura (CJ) en Los Ríos en el 2022 y lidera un estudio jurídico llamado Ecuador Consulting Group S. A., del que constaba como accionista. Según los registros de la Superintendencia de Compañías, tenía un capital de $ 520.000.
En esa línea, en el cantón Quevedo (Los Ríos), una jueza, Jenny Freire Arias, tramitó una acción de protección en el 2023 en la que ordenaba que este concurso avance sin que terceros interesados lo obstaculicen o aplicaría sanciones, incluyendo la destitución.
Ante esa jueza acudieron los miembros de la comisión ciudadana para advertir que el CPCCS no agilizaba la designación; así también lo hizo el veedor, un abogado de nombre Juan Carlos Pérez Ycaza, que participó activamente en el proceso desde sus inicios en el 2022.
Adicionalmente, en esta designación se denunció un posible conflicto de intereses de la consejera del CPCCS Johanna Verdezoto del Salto, quien se habría reunido con Frías y otros actores políticos.
Del hecho se revelaron fotografías en las redes sociales de lo que sería una cámara de seguridad y, por ello, la consejera fue llamada a la Comisión de Fiscalización a explicar ese encuentro, pero no asistió.
En este concurso de méritos, oposición e impugnación, quedaron nueve participantes y el pleno del Consejo de Participación decidió descalificar a Jorge Ballesteros Ballesteros, Byron Guillén Zambrano, Inés Romero Estévez, que fueron objetados por presunta falta de probidad en el libre ejercicio del derecho o como jueces.
Sin embargo, la comisión ciudadana restituyó la postulación de Ballesteros, por encima de la resolución del CPCCS, y lo nominó como el virtual defensor público porque tenía el mayor puntaje de los concursantes que quedaron.
Finalmente, una mayoría del Consejo de Participación Ciudadana no tomó en cuenta la puntuación de Ballesteros recogida en el informe final de la comisión y designó a Ricardo Morales Vela en ese cargo.
La resolución se aprobó con cuatro de siete votos de Fantoni, Calvache, Juan Guarderas Cisneros y Johanna Verdezoto.
El consejero suplente Gonzalo Albán Molestina se abstuvo y no participaron de esa sesión Yadira Saltos Rivas y Nicole Bonifaz López.
Interpelación a dos jueces electorales, en periodo electoral
El CAL, en sesión realizada el 8 de agosto de 2024, calificó el pedido de interpelación planteado por el asambleísta de la RC Cristhian Vega Quezada en contra de Ángel Torres Maldonado y Joaquín Viteri Llanga, ambos jueces del Tribunal Contencioso Electoral.
Aunque no se detallaron las motivaciones, el trámite se trasladó a la Comisión de Fiscalización y Control Político para su sustanciación.
Empero, los organismos y sus autoridades que integran la Función Electoral, como el TCE y el Consejo Nacional Electoral (CNE), no son susceptibles a ser sometidos a juicio político, en medio de procesos electorales.
En la víspera, el CNE y el TCE se encuentran en periodo electoral organizando las elecciones de presidente de la República, asambleístas y parlamentarios andinos para el periodo 2025-2029, previstas para el 9 de febrero del año próximo.
La Procuraduría General del Estado aclaró a la legislatura la aplicación del Código de la Democracia respecto de esta atribución de fiscalizar a las autoridades, que está limitada durante el periodo electoral y hasta la proclamación definitiva de los resultados.
El organismo señaló que la aprobación y declaratoria del inicio del periodo electoral -hecha el 9 de febrero de 2024- para hacer las elecciones generales del 2025 configuran un llamado o convocatoria al proceso y garantiza los derechos de participación.
El criterio jurídico se acoge a la ley electoral, que advierte que ninguna autoridad extraña podrá intervenir directa o indirectamente en el desarrollo de los procesos electorales ni en el funcionamiento de sus órganos.
Y el artículo 19 de la misma ley dispone que los miembros del CNE y el TCE, si bien están sujetos a control ciudadano y en enjuiciamiento político por incumplimiento de sus funciones, la Asamblea Nacional no puede designar reemplazos de funcionarios electorales destituidos por juicio político y estará impedida de iniciarlo (un juicio político) una vez que se convoque al proceso electoral y hasta que este concluya con la proclamación de resultados.
Así también, el legislador de la RC Roberto Cuero Medina propuso un enjuiciamiento en contra del juez y presidente del TCE, Fernando Muñoz Benítez, que fue admitido a trámite por el CAL y enviado a la mesa de Fiscalización.
Aunque en la resolución legislativa se dispuso que la Comisión se abstenga de iniciarlo mientras «dure el periodo electoral».
Bajo ese argumento está en suspenso desde el 2022 un juicio político planteado en contra de los vocales del CNE Diana Atamaint Wamputsar, Enrique Pita García, José Cabrera Zurita, Esthela Acero Lanchimba y el exconsejero Luis Verdesoto.
Este se motiva en los resultados de los comicios generales del 2021, cuando el entonces candidato presidencial de Pachakutik (PK) Yaku Pérez Guartambel denunció un presunto fraude en el escrutinio.
Fuente: EL UNIVERSO
