El calendario electoral vigente para el desarrollo de los comicios establece que esta etapa de «recursos internos de impugnación» va del 24 al 31 de agosto.
De persistir las impugnaciones a los precandidatos, se podrá asistir con recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que los sustanciará entre el 31 de agosto y el 4 de octubre.
De forma paralela, el 18 de septiembre, un día después de la convocatoria oficial para acudir a las urnas, iniciará la inscripción de candidaturas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) de ser dignidades nacionales, en las Juntas Provinciales Electorales, si son dignidades provinciales; y, en los consulados si los candidatos representarán a una dignidad por las tres circunscripciones del exterior.
El reglamento de Democracia Interna, reformado por el Consejo, establece que una vez elegidos sus precandidatos en sus procesos de primarias internas, los grupos políticos deberán proceder con la «proclamación y aceptación de precandidaturas de postulación popular que es expresa, indelegable y personalísima, y se realizará en unidad de acto en el plazo de 10 días de efectuada la elección».
Esto, ante los delegados del CNE en la oficina matriz si son nacionales, en las delegaciones provinciales electorales, para el caso de dignidades a nivel local; y, en las oficinas consulares, para la dignidad de asambleístas en el exterior.
El representante legal de la organización política o el procurador común para el caso de alianzas electorales, deberá registrar las precandidaturas a través del portal web que habilitará el órgano electoral.
En medio de esta etapa, se deberán integrar las Juntas Provinciales Electorales, que según el calendario, el plazo para tenerlas listas vence el próximo 31 de agosto.
Pero en esta etapa hubo grupos que se quedaron impedidos de participar: cuatro nacionales y siete provinciales, a las que el CNE no alcanzó a verificar sus firmas para obtener su personería jurídica.
La actividad de verificación de rúbricas se suspendió debido a la pandemia del COVID-19, y el Consejo no ha informado si alcanzó a revisar más de un millón de firmas entregadas por un total de trece agrupaciones que estaban en ese camino.
En este caso, el calendario establecía como fecha límite la presentación de documentación para verificación e inscripción, hasta el 19 de mayo; y el 19 de junio, el Consejo debía «cerrar el Registro Permanente de Organizaciones Políticas». Incluso el 27 de julio terminaba el plazo para plantear recursos ante el TCE.
Uno de estos movimientos que se quedaron fuera fue Nosotros, liderado por el exasambleísta, Andrés Páez.
En un comunicado público, Páez anunció que no será candidato a la Presidencia de la República, pues el CNE permaneció «cerrado por cuatro meses» y «no obró de manera oportuna y no calificó a nuestra organización política», que presentó 192 250 firmas para su inscripción, según los reportes oficiales.
Lamentó que buscó alianzas, pero se encontró con «actores enceguecidos por el ego, la codicia, el cálculo y las ambiciones desmedidas», por lo que ahora intentará apoyar al candidato que pueda «vencer al correísmo. Ese apoyo buscará alimentar la unidad necesaria para combatir una peligrosa fragmentación que puede abrir la senda del retorno de esa mafiosa mafia».
Y pese a que terminó esta etapa de democracia interna, aspecto obligatorio previo para inscribir candidaturas, ni el Consejo Electoral ni el Tribunal Contencioso logran definir la situación jurídica de cinco grupos: Justicia Social, Juntos Podemos, Libertad es Pueblo, Fuerza Compromiso Social, Adelante Ecuatoriano Adelante, META.
En el caso de los cuatro primeros aún no saben si serán extinguidos por una recomendación de la Contraloría del Estado, que detectó firmas inconsistentes en su procedimiento de inscripción; a lo que se suma que la Corte Constitucional (CC) delibera sobre una acción de dirimencia de competencias entre la Contraloría y el TCE.
Esto mientras el CNE decidió tomarse 30 días para revisar las pruebas de descargo entregadas por dichas agrupaciones.
El partido Adelante Ecuatoriano Adelante espera, en cambio, que el pleno del Tribunal resuelva una apelación que presentó el Consejo, a la anulación de sus resoluciones con la que canceló a la organización por estar incursa en el numeral tres, del artículo 327 del Código de la Democracia, que resolvió el juez electoral Ángel Torres.
Los mismo espera el movimiento de Alfonso Harb, META, por la que el juez Joaquín Viteri negó su recurso subjetivo planteado en contra de la cancelación. Él podrá apelar para esperar la decisión del pleno del Tribunal.
Nota Original: El Universo – LINK
