La Corte Constitucional (CC) resolvió negar los recursos de aclaración y ampliación interpuestos por Raúl González en contra de la sentencia 372-23-EP/24, el pasado 23 de diciembre de 2024. González busca ser posesionado como superintendente de Bancos y Seguros y desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social esta semana se impulsó su restitución.
La CC indicó que los recursos de aclaración y ampliación constituyen mecanismos para perfeccionar las resoluciones o sentencias, por lo que “la decisión previamente adoptada por esta Corte no puede ser modificada mediante una ampliación o aclaración, por cuanto aquello atentaría al derecho a la seguridad jurídica y desconocería los efectos inmediatos y definitivos de las decisiones en materia constitucional, tal como lo prescribe el artículo 440 de la Constitución”
En el numeral 16 del auto emitido se detalla que “la solicitud del peticionario para que se aclare que la sentencia 372-23- EP/24 tenga como efecto dejar en firme la Resolución Consejo de Participación Ciudadana y Control Social CPCCS-PLE-SG-028E-2022-965, de 20 de julio de 2022 —que lo nombró como superintendente de Bancos— es contraria a lo expresamente dispuesto en la sentencia 372-23-EP/24. Esta decisión expresamente impide que se afecten los procesos de designación posteriores a la emisión de la resolución CPCCS-PLE-SG-028E-2022-965, de 20 de julio de 2022. En consecuencia, el accionante pretende modificar la decisión de este organismo, por lo cual no procede su pedido de aclaración”.
La sentencia en cuestión 372-23-EP/24 fue notificada el 20 de diciembre de 2024.
La designación de Gónzalez ha sido parte de una pugna en el CPCCS que se arrastra desde el 2022, cuando en julio de ese año se lo designó como titular de la Superintendencia de Bancos de una terna que envió el expresidente de la República Guillermo Lasso Mendoza.
Sin embargo, Lasso desconoció esa elección y, de forma paralela, una mujer identificada como Michelle Guerra interpuso una acción de protección en Guayas en contra de la resolución del CPCCS, alegando que se afectaron sus derechos y los del pueblo ecuatoriano.
En ese entonces, en medio de disputas entre la administración de Lasso y los grupos de oposición de la Asamblea Nacional, posesionaron a González en el cargo. Pero no asumió porque se rodeó las instalaciones de la institución con policías para evitar su ingreso.
Una jueza de Samborondón aceptó el recurso de Guerra, dejó sin efecto la designación de González y dispuso que el Ejecutivo envíe una nueva terna y el Consejo elija a un superintendente.
La decisión la ratificó un tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
Con ello, Raúl González recurrió con una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, que el 5 de diciembre emitió su fallo y aceptó parcialmente el recurso.
Declaró que la Sala de la Corte Provincial de Justicia “desnaturalizó la acción de protección” y vulneró el derecho a la seguridad jurídica; y, como medidas de reparación dejó sin efecto las sentencias que dejaron a González fuera de la Superintendencia.
Los jueces declararon improcedente la acción de protección de origen y aclararon que su fallo es en sí mismo una reparación.
Y se precisa: “Por ende, la presente sentencia no tiene la potencialidad de afectar ninguna situación jurídica que se haya consolidado sobre los nuevos procesos de selección de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos”.
A propósito de lo ocurrido con González, en diciembre de 2022, en la administración de Hernán Ulloa, el Consejo designó a Roberto Romero von Buchwald como superintendente de Bancos de la terna que envió Guillermo Lasso.
Pero la Asamblea Nacional no lo posesionó. En el periodo legislativo de Henry Kronfle, luego de la muerte cruzada, se convocó a Romero a posesionarse en el cargo.
Él desistió de acudir y renunció a la designación de superintendente ante el CPCCS.
Luego, el presidente de la República y candidato a la reelección, Daniel Noboa Azín, envió una nueva terna con Roberto Romero a la cabeza y fue seleccionado en diciembre de 2024.
La Función Legislativa tampoco lo llamó a posesionarse.
Hasta que este pasado miércoles 22 de enero, tomando como base el fallo de la Corte Constitucional, el consejero Augusto Verduga alegó que no existe ninguna situación consolidada, ya que Romero no fue posesionado en el seno del Parlamento.
En cambio, a González —expresó— se le debe reconocer su derecho adquirido cuando fue seleccionado como superintendente de Bancos.
Su moción se aprobó con los votos de él, de Nicole Bonifaz, de Yadira Saltos y Eduardo Franco.
Los tres consejeros de la minoría, considerados cercanos al gobierno de Daniel Noboa, Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto y Jazmín Enríquez votaron en contra y consideraron ilegal lo actuado, porque, además, está en trámite un pedido de aclaración y ampliación de la sentencia.
De su lado, el Ministerio de Gobierno divulgó en horas de la noche un comunicado en el que denuncia que la ‘liga azul’, en referencia a los cuatro vocales de mayoría, buscan “apoderarse del sistema financiero”.
Fuente: El Universo – Nota original
