Paralelamente en la Corte Nacional de Justicia (CNJ) avanza el trámite de extradición contra el exfuncionario público del gobierno de Rafael Correa. Al momento el pedido del Tribunal de Ejecución de la CNJ para que se inicie la extradición está en manos del presidente de la Corte Nacional, Iván Saquicela.
El primer pedido que recibió Saquicela dentro del caso Sobornos para que se inicie el proceso de extradición fue el relacionado con el expresidente Rafael Correa, quien fue condenado a ocho años de cárcel en calidad de autor mediato por instigación. Sobre Correa ya existiría en el expediente la confirmación de Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) de que el exmandatario se encuentra en Bélgica.
“Conforme la información remitida por Interpol se determina que el ciudadano requerido por la justicia tiene su actual residencia en Estados Unidos de América y corresponde a este Tribunal de Ejecución solicitar al presidente de la CNJ que dictamine la procedencia de la extradición y de ser el caso inicie el procedimiento de extradición de Walter Hipólito Solís Valarezo”, explica el pedido del Tribunal de Ejecución entregado al presidente de la CNJ, Iván Saquicela.
Jorge Luis Ortega, abogado del exministro Solís, expresó que el Estado ecuatoriano tendrá que justificar si es que el pedido de extradición cumple con todos los requisitos y existe la cooperación entre Estados para que proceda la extradición que se busca. Adelantó que Walter Solís mantiene legalmente la residencia estadounidense, pero aun así ya solicitó el asilo a México, trámite que estaría, según él, bastante avanzado.
Varios exfuncionarios del correísmo han solicitado asilo político y refugio humanitario a México. En ese país se encuentran bajo alguna de esas figuras ciudadanos como el exministro de Defensa y excanciller Ricardo Patiño; los exasambleístas Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri Gualinga y Soledad Buendía; el exsuperintendente de Comunicación Carlos Ochoa, entre otros.
Ortega aseguró que aún no han sido notificados con la resolución del pedido de asilo, pero afirmó que hay una resolución que da cuenta de que se aceptaría lo que ha pedido Solís.
El exministro mantiene además una sentencia de primera instancia por el delito de peculado en el denominado caso Senagua. En enero del 2021, de forma unánime los jueces Dilza Muñoz, Daniella Camacho e Iván León, de la CNJ, declararon la culpabilidad de Solís y de Marco Rodas, excoordinador jurídico de la Senagua.
Además de los ocho años de prisión por peculado, se les ordenó a los dos el pago proporcional de $ 2,2 millones, impuesto como reparación integral para el Estado.
La Fiscalía los acusó del uso de recursos públicos que eran parte de una deuda del entonces Centro de Rehabilitación de Manabí (CRM), hoy Senagua, con la empresa Ondeo Degremont de Francia, pero que fueron desviados para pagar una deuda entre particulares.
La fiscal general, Diana Salazar, señaló que las pruebas presentadas durante el juicio demostraron que Solís y Rodas insistieron en la asignación de $ 8,1 millones para el supuesto pago de un acta de mediación, que también, dijo, habría mantenido irregularidades.
Nota Original: El Universo – LINK
