Con la renuncia de María del Carmen Maldonado a la presidencia del Consejo de la Judicatura, el magistrado Álvaro Román, su suplente, reclamaba la titularidad del organismo, mientras que el máximo representante de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, defendía su derecho a enviar una terna para la designación de la nueva autoridad. Esto en medio del intento de la Asamblea Nacional para destituir a los actuales representantes del CJ, los vocales Fausto Murillo, Juan José Morillo y Maribel Barreno, por presuntamente haber incumplido sus funciones.

Foto: NotiMundo

En Más Allá de los Hechos, Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), explicó que al ser este un tema complejo no ha podido ser comprendido a profundidad, por lo que aclaró que el órgano que preside ha exhortado a la Corte Constitucional (CC) que delimite «reglas claras» para la designación del titular de la Judicatura. Recordó que la Constitución de la República establece que quien ocupe ese cargo debe salir de una terna de la CNJ.

No obstante, precisó que una de las competencias del CPCCS es cumplir el dictamen interpretativo, donde se indica que no se puede modificar lo que había decidido el Consejo transitorio. Por ello, las instrucciones que se solicitaban a la CC buscaban aclarar si se debía desconocer la designación de Román o designar a su suplente para que ocupe la presidencia del CJ. «Ahora que la CC se ha pronunciado, no existe ninguna intención de quitarle la posibilidad a la presidencia de la CNJ para que remita una terna» para el cargo, aclaró.

En este sentido, defendió el accionar del CPCCS, «que se ha parado como una barrera» para impedir que injerencias políticas afecten la institucionalidad, haciendo referencia a la negativa de las dos ternas remitidas inicialmente por Iván Saquicela.

Ulloa reconoció que luego de todas las decisiones «arbitrarias» tomadas por el CPCCS desde sus inicios, «es muy difícil tratar de recuperar la confianza de la ciudadanía», pero aseguró que desde su administración se ha trabajado arduamente para que esto se haga realidad. Aclaró que la designación de cualquier autoridad es un proceso «compartido», entre el CPCCS y la ciudadanía, que mediante las impugnaciones puede ejercer el control social.

Detalló que el proceso se encuentra actualmente en la fase de revisión de la documentación correspondiente sobre el cumplimiento de requisitos, y posteriormente la ciudadanía tendrá la posibilidad de impugnar la selección de los candidatos. Finalmente, se dará paso a la sustentación del plan de trabajo y luego a la designación.

Ulloa afirmó que las diferencias al interior del CPCCS siempre van a existir, pero se ha decidido por parte de los cuatro consejeros de mayoría «actuar con seriedad» en la designación de autoridades. Insistió en que la ciudadanía participe en el proceso de impugnación para garantizar que los elegidos en los cargos cumplan con transparencia las funciones para las que fueron elegidos.

Mira el programa completo: