Hábitat III, que convoca a jefes de Estado de 193 naciones, tendrá lugar entre el 17 al 20 de octubre próximo en Ecuador, un país herido por un terremoto de magnitud 7,8 que azotó la costa norte, dejando hasta ahora al menos 587 muertos, 8.340 heridos, miles de damnificados y cientos de casas destruidas.
La cita «podría convertirse en una oportunidad para que la comunidad internacional, de manera solidaria, pudiera aportar a la creación de un gran fondo de emergencia que ayude al país a enfrentar este tema de manera inmediata», dijo Guayasamín a Efe.
Ello, es una alternativa para evitar una mayor deuda externa, que «no es lo más adecuado, particularmente porque el país no tiene, en este momento, capacidad de pago en relación a su propia situación económica y en relación a los montos, que son miles de millones que tienen que invertirse para poder salir de esta crisis», reflexionó.
Guayasamín expuso que el Gobierno podría recoger su planteamiento para hacer una propuesta formal a los diversos gobiernos del mundo, a través de la ONU, para que armen «una especie de caja común de emergencia solidaria».
En su opinión, el fondo ayudaría en principio a Ecuador para la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo, pero podría convertirse en una iniciativa de «largo aliento» para que ONU Hábitat tenga capacidad de respuesta frente a este tipo de eventos en cualquier parte del mundo.
Guayasamín sostuvo que las consecuencias del terremoto deben provocar un «remezón de conciencia» de autoridades, constructores y ciudadanía sobre la importancia de construcciones con certificación técnica, que supone la revisión de proyectos de arquitectura e ingeniería estructural para dar aval antes de construir.
El procedimiento, que está en vigor desde hace dos años y medio en Quito, se debería replicar en Ecuador «porque todo el país está en zona de riesgo y, no es posible que se siga construyendo» solo con el registro de proyectos, comentó.
En Quito, «sin duda son los sectores medios y altos de la población, los que de manera legal construyen sus proyectos (…). Esto, en términos actuales, supone alrededor de un 40 % de la edificación que se realiza en la ciudad. El otro 60 % se lo hace de manera informal», dijo al aclarar que no todo ese último porcentaje es vulnerable o no tiene capacidad de resistencia a sismos.
Ve por ello necesario que brigadas técnicas evalúen las construcciones y que el Gobierno emita un «bono de aseguramiento estructural» para que familias de escasos recursos mejoren las estructuras de sus viviendas para que no colapsen en un próximo sismo.
Indicó que en la zona del desastre, se ven edificaciones de hasta cinco pisos «que no cumplen con la norma ecuatoriana de la construcción, con los elementos básicos de sismo resistencia y eso, obviamente, es grave».
Por ello, dijo, a las ofertas de construcción que aparecerán en los próximos meses para la zona del desastre, también se las debe calificar de «forma técnica».
En el siglo XXI no se puede seguir haciendo «casitas miserables como respuesta al problema sino, efectivamente, volver a construir ciudad y ciudadanía en hábitats sustentables», con una arquitectura adaptada a los sitios, apuntó.
Para el presidente del Colegio de Arquitectos, la población debe revestirse de una dosis de madurez, calma y tener capacidad de respuesta institucional, canalizada adecuadamente, de manera organizada.
Destacó la solidaridad de la gente e instituciones para recaudar vituallas para los damnificados y señaló que, aparte del aporte ciudadano, que llegará también por la vía tributaria, se requiere un esfuerzo del Gobierno para recortar gastos, como los de publicidad y viáticos, como «una clara demostración de que estamos en etapa de que todos tenemos que ser solidarios con los hechos», dijo.
