La semana pasada volvió a ocurrir. En el primer día de 2017, una reyerta entre bandas acabó con 56 reclusos muertos en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Compaj), en Manaos. Descuartizados y decapitados. Fue la segunda mayor masacre en la historia del sistema carcelario brasileño. Pero no es la única.
Alrededor de 100 muertos se han contabilizado en los últimos días en cárceles de Brasil por una guerra que libran las bandas criminales por el control del narcotráfico y cuya solución, según el presidente de ese país Michel Temer, sería la construcción de más centros penitenciarios.
Iniciando 2017, un motín en Manaos, capital de Amazonas, dejó 56 presos pertenecientes a la agrupación Primer Comando de la Capital (PCC), quienes fueron asesinados en el Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Comaj), supuestamente a manos de miembros de la Familia do Norte (FDN). Se trató de la peor masacre dentro de una prisión de Brasil desde que en 1992 murieron 111 detenidos en la cárcel de Carandirú, en San Pablo, en medio de la represión policial a una rebelión.
La revancha del PCC llegó cuatro días después, con la muerte de 33 integrantes del CV en la Penitenciaría Agrícola de Monte Cristo (PAMC), en la zona rural de Boa Vista, capital del vecino estado de Roraima. Y el domingo pasado, otros cinco reclusos murieron en la cárcel Raimundo Vidal Pessoa, de Manaos.
El Ministro de Justicia resaltó que la violencia en las prisiones no era un hecho nuevo y recordó que Brasil, con 622 000 presos -la cuarta población carcelaria después de las de Estados Unidos, China y Rusia-, tiene apenas capacidad para unos 372 000 reclusos.
«Hay una crisis crónica del sistema penitenciario, una crisis secular, literalmente, en Brasil, que se amplió mucho en la última década. Tenemos, junto con esta crisis crónica del sistema todo, crisis agudas en algunos estados. Lo que no lleva a la conclusión de que el sistema penitenciario esté fuera de control», aseguró.
De su lado, Temer afirmó que la construcción de nuevas cárceles forma parte de un plan de seguridad en el que el Ministerio de Justicia trabaja desde hace tiempo y que contempla cinco nuevas cárceles federales y otras 25 estatales.
Se calcula que esto generaría 20.000 nuevas plazas en el sistema presidiario, con un coste aproximado de 281 millones de dólares, aunque los expertos apuntan que esto no sería suficiente para acabar con la masificación crónica de las cárceles brasileñas.
«Las cárceles no van a resolver el problema, pero es el primer paso porque la situación es dramática», admitió Temer, que dijo que el Gobierno central aún tiene que negociar con los estados donde se ubicarán estos nuevos centros penitenciarios.
Mientras tanto, según expertos brasileños, unos 18 grupos criminales controlan las cárceles de Brasil empeorando la situación del sistema penitenciario y agregan que las bandas delictivas son la herencia de la desigualdad que pesa sobre el país suramericano.
Según Telesur, analistas señalaron, además, que la superpoblación en los centros penitenciarios de Brasil se debe a la existencia de una política de encarcelación masiva que envía a prisión no solo a los condenados sino a un número muy alto de personas que esperan juicio, los cuales representan el 42 por ciento de la población penal, frente al 20 por ciento de la media mundial.
Asimismo, autoridades confirmaron que de los 184 presos que huyeron a raíz de los motines ocurridos entre el 1 y el 2 de enero, las autoridades solo han capturado hasta el momento 73 internos por lo que 111 continúan huidos.
Según el secretario de Seguridad Pública de Amazonas, Sérgio Fontes, Los reclusos fugitivos estaban en el Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), del que huyeron 72 personas, y en el Complejo Penitenciario Anisio Jobim (Compaj), ambos ubicados en Manaos.
