Ramiro Aguilar, asambleísta Independiente, en entrevista en Notimundo con Patricia Terán y Freddy Paredes, se refirió a la transferencia de 120 millones de dólares de la cuenta de la Ley Orgánica de Solidaridad a la Cuenta Corriente Única del Tesoro Nacional, que maneja el Ministerio de Finanzas.
En este sentido, el legislador dijo que la Ley de Solidaridad fue creada con el propósito de que los fondos recaudados por los impuestos, contribuciones y el incremento de dos puntos en Impuesto al Valor Agregado (IVA) sean destinados, única y exclusivamente, a la reconstrucción y reactivación de las provincias afectadas por el terremoto del pasado abril. «No a los damnificados, proveedores o contratistas damnificados por el correísmo o por la crisis económica», afirmó el asambleísta, quien añadió que en las explicaciones del Ministerio de Finanzas sobre el uso de esos fondos no se detalla el nombre del contratista, la fecha de pago, el monto y la causa del contrato. «El manejo de los fondos públicos debe ser transparente, y el Ministerio nos envía un oficio opaco que ordena la transferencias de esos recursos», enfatizó.
Asimismo, Aguilar indicó que ha solicitado a la presidenta de la Asambleas Nacional, Gabriela Rivadeneira, que recabe en el Ministerio de Finanzas la información relativa al uso de esos recursos. Porque, según dijo, esta acción por parte del Gobierno es antiética e ilegal, y cualquier otro uso de esos dineros es malversación que tiene clarísimas responsabilidades de orden legal. «La Ley de Solidaridad es clara. Los impuestos y contribuciones que se hicieron por la promulgación de la norma debían ser destinadas a la reactivación y reconstrucción de Manabí y Esmeraldas», reiteró.
