La noticia trascendió en redes sociales y fue confirmada por Ulloa, quien explicó a EL UNIVERSO que la denuncia fue planteada en mayo pasado. No obstante, los demás consejeros, Ribadeneira, Bravo y Estupiñán, dijeron a este Diario no tener conocimiento del tema.
Ulloa indicó que el 15 de junio presentó un escrito a la Fiscalía para advertir de que la denuncia está siendo utilizada para chantajear a los consejeros.
En el documento que fue remitido a la Fiscalía n.º 5, con sede en Quito, se habla de la existencia de audios en los cuales se escucha a una de las consejeras (no se señala el nombre). Dichos audios habrían sido utilizados para extorsionar a los consejeros desde antes de la designación del superintendente territorial.
“Jamás cedimos”, dice el escrito, y se expone que ahora que está en marcha el proceso de elección de presidente y vicepresidente del CPCCS los consejeros habrían recibido comunicaciones y comentarios a sus teléfonos celulares desde un número telefónico desconocido que supuestamente los amenaza con hacer públicas varias conversaciones.
Ulloa asegura al fiscal que esas conversaciones no existen y “son inventos para desacreditar” la imagen de las autoridades. En el documento se adjuntó una captura de pantalla con los supuestos mensajes de chantaje. Uno de ellos lleva una imagen con los rostros de los cuatro consejeros denunciados, acompañada de la leyenda “los diálogos de la corrupción”, y se menciona la existencia de tres horas de audios de supuestas conversaciones en las que las autoridades habrían negociado sus votos para las dignidades que elige el CPCCS.
El artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) sanciona el delito de concusión con una pena privativa de libertad de 3 a 5 años.
Fuente: El Universo – Nota Original: LINK
