Un anillo de seguridad reforzado en las inmediaciones de la Asamblea antecedió a la sesión 617 del Pleno, para el trámite del juicio político a la mayoría de integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).
De los cuatro consejeros en afrontar este proceso, los primeros en llegar este miércoles 14 de agosto al Palacio Legislativo fueron Walter Gómez y Rosa Chalá. Lo hicieron media hora antes de que se instale la reunión de la que dependerá la continuidad en sus cargos.
«Acudo con mucha dignidad, con mucho orgullo, con mucha inteligencia el día de hoy. Vamos a comparecer ante la Asamblea con toda la predisposición de demostrar que nosotros no hemos cometido ningún error y que lo único que hemos intentado es transparentar y llegar a la verdad», dijo Gómez.
Gómez apeló «al intelecto y a la legalidad que tienen los asambleístas» y aseguró que demostrará con argumentos que «este juicio es completamente ilegal».
Al borde de la hora prevista para el inicio de la sesión, 9:30, ingresó el presidente del Cpccs, José Carlos Tuárez, quien dijo brevemente a la prensa que llegaba «con el espíritu de la democracia».
La última en llegar fue Victoria Desintonio. «Ellos (los asambleístas) tienen la fuerza de la mayoría, pero yo tengo la fuerza de la verdad. Esto de aquí no empezó por el Consejo ni termina con el Consejo», expresó.
El presidente de la Asamblea, César Litardo, instaló la sesión a las 10:02, con la presencia de 107 legisladores en el hemiciclo.
A diferencia del 13 de julio pasado, cuando fueron posesionados en sus cargos por la Asamblea, no amanecieron manifestaciones a su favor a las afueras del Palacio Legislativo.
Los cuatro consejeros afrontan este proceso de juicio político por incumplimiento de funciones, luego de que el 10 de julio pasado decidieran conformar una comisión para que analice la designación de los integrantes de la Corte Constitucional, desacatando un dictamen que blindó las decisiones del Consejo transitorio.
Además, los asambleístas Jeannine Cruz, Raúl Tello, de la coalición entre Alianza País (AP), Creo y legisladores independientes, y Fabricio Villamar (Ahora), cuestionan la falta de probidad de Tuárez, a quien acusan de haber supuestamente falsificado documentos para participar de la contienda electoral del 24 de marzo pasado.
Una eventual censura y destitución de los cuatro consejeros depende de 70 votos (mayoría absoluta) en el Pleno. El pedido de llevarlos a juicio político contiene 79 firmas de respaldo de casi todas las bancadas legislativas, menos del correísmo.
Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK
