“Por seguridad, ya que mi abogado no me ha informado nada de nada. Hubo un muerto y no confío en nadie”. Así escribió Daniel Salcedo en la parte baja del documento del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI) con el que se confirmó que el sentenciado en el caso Metástasis se negaba a salir de su celda en la cárcel de máxima seguridad La Roca, en Guayaquil, para ser trasladado a la Corte Nacional de Justicia (CNJ), en Quito, a la diligencia de disculpas públicas a la que se lo convocó.
El pasado viernes, 10 de enero, en la CNJ se realizaron las disculpas públicas de diez sentenciados en Metástasis que se acogieron al procedimiento abreviado para obtener una condena reducida. De una lista de doce condenados bajo esta figura, solo Salcedo, empresario sancionado por haber participado en actos de corrupción en la venta de medicamentos durante la pandemia de COVID-19, y el exjuez Harry Lindao no asistieron a esta diligencia ante el conjuez nacional Manuel Cabrera.
En el inicio de la audiencia únicamente se habló del escrito ingresado en relación con Salcedo, señalando que el procesado no asistió por un tema de seguridad. Desde las 14:00 del viernes pasado se iniciaron las disculpas públicas de los condenados Genaro García, Naycer Mazón, Hélive Angulo, Christian Sánchez, Emerson Curipallo, Álex Palacios, Mayra Salazar, Christian Chauca, Adolfo Gaibor y Héctor Paredes.
Mediante un escrito ingresado al expediente en la tarde del 10 de enero pasado, el abogado de Salcedo explicaba que hace unos días acabaron con la vida de un privado de la libertad, el cual cumplía sentencia en el mismo centro penitenciario que su cliente, es decir, La Roca, asegurando que por ese hecho los traslados fueron suspendidos. Ante esa situación, se solicitó que se vuelva a señalar una nueva fecha para las disculpas públicas y otra vez se ordene el traslado de Daniel Salcedo.
El abogado de Salcedo se refería al asesinato de Freddy Mendoza, alias Gordo Mendoza, mano derecha de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla del grupo delilctivo Los Choneros, hecho ocurrido en La Roca el 8 de enero pasado.
El escrito de Salcedo fue rebatido en un oficio ingresado al expediente del caso Metástasis por parte del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria a cargo de La Roca. En el documento se aclara que, la tarde del 9 de enero, agentes penitenciarios y personal de las Fuerzas Armadas ingresaron a la celda de Salcedo para cumplir con la orden de traslado del conjuez Cabrera. La planificación inicial habría sido llevar al interno al Centro de Privación de la Libertad (CPL) de Cotopaxi y desde ahí trasladarlo hasta la Corte Nacional.
La orden del conjuez no se cumplió, señala el escrito, porque Daniel Salcedo se rehusó a salir de la celda. Luego de hacer las consultas necesarias con la directora de La Roca y la funcionaria analista de medidas cautelares y penas privativas de libertad se definió que no hay inconveniente si Salcedo no quiere salir o ser trasladado, pero sí se aclaró que es necesario que se le haga firmar al interno el motivo por el cual no desea salir del centro de privación de la libertad.
Es por ello por lo que en dos documentos, junto a la frase “Por seguridad, ya que mi abogado no me ha informado nada de nada. Hubo un muerto y no confío en nadie”, está la firma, el número de cédula y la huella dactilar de Daniel Salcedo.
En Metástasis, el empresario Daniel Salcedo fue condenado a una pena reducida de 40 meses de cárcel, el pago de una multa de $ 5.200 y la cancelación de una reparación integral a favor del Estado de $ 11.040.
No se conoce aún si se definirá otra diligencia para únicamente escuchar las disculpas públicas de Salcedo, debido a que fue parte de una “empresa criminal” manejada por el narcotraficante Leandro Norero para manipular la justicia y conseguir impunidad, fallos favorables o beneficios penitenciarios.
La Fiscalía en Metástasis resaltó que los nexos de Daniel Salcedo y ciertos operadores de justicia se llegaron a establecer debido a los numerosos procesos penales que enfrentó. “El procesado se jactaba de llegar directamente a los jueces, es decir, sin intermediarios, y esta misma modalidad la transmitía a Leandro Norero. Su vinculación con funcionarios judiciales quedó evidenciada, por ejemplo, con una captura de pantalla en una videollamada en la que se observa a Daniel Salcedo y al exjuez Banny Molina, cuestionado por su fallo judicial en el caso de Jorge Glas”, explicó el fiscal general subrogante, Wilson Toainga.
Fuente: El Universo – Nota original
