Rafael Oyarte, analista constitucionalista, en entrevista para Notimundo a la Carta con Hernán Higuera y Verónica Jarrín, habló sobre qué sucederá en caso de aprobarse la Consulta Popular por el Pacto Ético el próximo 19 de febrero.
¿Está usted de acuerdo con que, para desempeñar una dignidad de elección popular o para ser servidor público, se establezca como prohibición tener bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales?; es la pregunta que todos los ciudadanos deberán responder en los comicios próximos a celebrarse, Oñate explica que de ganar el sí, dichas autoridades y funcionarios de cualquier naturaleza no podrán tener haberes en los países señalados como ‘paraísos fiscales’ por el Servicio de Rentas Internas de Ecuador.
“En esto hay divergencias. Nuestro SRI dice que Bélgica no es un paraíso fiscal. La Comisión Europea dice que Bélgica tiene comportamientos asimilables a paraísos fiscales”, expone el analista.
“Quien decide en Ecuador qué es un paraíso fiscal es el Servicio de Rentas; y quien designa al Director General del Servicio de Rentas es el Presidente de la República, entonces como yo soy el Presidente de la República y tengo bienes y capitales en lo que ahora es un paraíso fiscal, lisa y llanamente le ordeno a mi subordinado que excluya a ese país y se incluya Bélgica”.
En caso de ganar el ‘Sí’ al Pacto Ético, se tendrán que reformar dos leyes: la Ley de Servicio Público y la Ley Electoral. Oyarte considera que se debería reformar también a la Constitución, ya que el artículo 113 trata el régimen inhabilitatorio de los dignatarios de elección popular. Según explica el experto, el Estatuto “curiosamente” no será reformado, “el Presidente de la República puede plantear consulta tanto para temas legislativos como para reformar vía enmienda y no lo hizo”.
“Dicen que en un año la Asamblea Nacional debe reformar estas leyes, incluyendo estas inhabilitaciones, curiosamente, la Corte Constitucional ya había dicho que esto no se podía hacer”, añadió Oyarte quien refuta que eso fue dicho al presidenciable Guillermo Lasso, “entonces se lo dicen al uno y no se lo dicen al otro, no está bien decírselo al presidente Correa”.
Con respecto a Banisi Holding S.A., un banco formal, en propiedad de Lasso y autorizado por la Superintendencia de Bancos de Panamá, Oyarte asegura que “en este país importa poco lo que dice la ley, (…), le van a decir que tiene acciones en esa empresa, y esa empresa está en Panamá, y ese país según nuestro SRI es un paraíso fiscal; al enemigo se le aplica con fuerza y rigor incluso con una extensión indebida”.
De ganar el ‘No’, “no pasa absolutamente nada”, afirma el analista.
