La propuesta será consultada a los ecuatorianos en un plebiscito previsto para febrero, el mismo día de las elecciones generales. La vigencia de la propuesta, en caso de ganar el SÍ, entrará en vigencia luego de un año, cuando los candidatos y funcionarios públicos deberán demostrar que no tienen recursos en paraísos fiscales.
“Este es un ejemplo de como con liderazgo político y con la participación directa de la población se puede incidir en temas de la coyuntura política que tienen una gran connotación en el devenir de los pueblos”, señala el manifiesto suscrito en México.
Y afirma que la lucha contra los paraísos fiscales requiere la aprobación de nuevas leyes y la creación de instancias de transparencia y control social que actúan a nivel nacional.
También anuncian su respaldo a la iniciativa presentada en el Comité de Descolonización de la ONU que condenó el uso por potencias coloniales de los territorios no autónomos bajo su administración, como paraísos fiscales; y la campaña internacional de la organización Oxfam para erradicar los paraísos fiscales.
El documento aclara que los paraísos fiscales no acogen recursos de obreros, campesinos, maestros, “ni de miles de pequeños empresarios y emprendedores que confían en su país” sino de aquellos que quienes “evadir impuestos u ocultar el origen de su riqueza”, lo cual además de corrupción, ahonda la desigualdad y las diferencias sociales.
Los sectores sociales que suscriben el manifiesto enfatizan en que la evasión fiscal perjudica a todos los países, pero que perjudica aún más a los países en desarrollo. “En Latinoamérica, 32 millones de personas podrían salir de la pobreza si los capitales escondidos en paraísos fiscales pagaran el impuesto sobre la renta que les corresponde”.
