Kléber Sigüencia, uno de los abogados de Espinel, indicó que en la misma audiencia de formulación de cargos realizada por la jueza multicompetente de Samborondón, Paola Dávila, solicitaron la apelación de la medida cautelar, por lo que esperan que se remita el expediente de la instrucción fiscal a la Corte Provincial de Justicia para que una de las salas haga la convocatoria a la respectiva diligencia para tratar el pedido.
El mismo sábado, Espinel y su asesor Walter A. fueron trasladados al Centro de Privación de Libertad Regional Guayas.
Ambos fueron detenidos durante un operativo dispuesto por la Fiscalía y ejecutado la madrugada del sábado por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
Dávila acogió el pedido de prisión preventiva de la fiscal Ivonne Proaño, quien durante la audiencia expuso que de acuerdo con la investigación fiscal realizada del 2010 al 2016 las actividades económicas de Espinel habrían sido “inusuales e injustificadas”. En este periodo tuvo ingresos de $ 378.167 y gastos de $ 669.560, existiendo una diferencia de $291.392.