Según Carlos Poveda, quien forma parte del equipo jurídico, esto responde a que se dieron otros hechos antes de que Iza fuera detenido –y posteriormente liberado- el 14 de junio, mientras lideraba el paro nacional contra el Gobierno.
Poveda recordó que Lasso, horas antes de que Iza fuese aprehendido, “se solazaba que iba a ir contra los vándalos con toda la fuerza de la ley y que dejaba en manos de la justicia que se hagan las investigaciones. Posteriormente el ministro Carrillo dijo que había hecho un operativo”.
“Entonces, tendrán mucho que decir sobre esta situación porque de lo que se acusaba y acusa es un delito flagrante. Pero si es que había seguimientos casi 14 días antes del hecho, ya no tendría la calidad de flagrante”, adujo.
El abogado mencionó que el presidente Lasso puede comparecer de manera personal o presentar un informe juramentado. “El ministro Carrillo ya presentó un informe juramentado, el Presidente no, remitió un link donde podíamos escucharle (…). La jueza tendrá que valorar ese tipo de situaciones”.
Asistencia penal
Poveda demandó que se haga “un juicio justo” y dijo que han requerido asistencia penal internacional, de tal manera que las experticias se hagan con peritos independientes, ya que se trata de un proceso impulsado desde el Estado, a través de Procuraduría y la Fiscalía.
“Nosotros no creemos en la Policía porque si hubo seguimientos, operativos y hasta mega operativos de policías y militares, el sistema nacional forense, que es todo lo que consagra experticias, investigaciones, interceptaciones lo maneja un policía que está bajo jerarquía superior de otro policía, y a su vez el Presidente de la República, obviamente la objetividad se pierde”, señaló.
Poveda recordó que la asistencia penal internacional ya se ha aplicado en otros casos, como los investigados por la Comisión de la Verdad en el anterior Gobierno.
También dijo que han pedido auditorías forenses para otras experticias que se realizaron dentro de las 24 horas de flagrancia, cuando Iza fue detenido, y sobre las que no fueron notificados.
Poveda consideró que la Fiscalía debería solicitar a la jueza que se suspenda la audiencia hasta que se atiendan estos pedidos, para garantizar que se respete la igualdad de derechos a las partes.
El abogado objetó que la jueza haya aceptado una acusación particular de forma parcial por parte de Petroecuador por la toma de pozos petroleros, cuando la formulación de cargos se dio por el cierre de la Panamericana sur en el sector de Pastocalle, en Latacunga, provincia de Cotopaxi.
Poveda aclaró que el equipo jurídico, del que participan instancias de derechos humanos de universidades, aportará a la defensa de Iza, sin cobrar honorarios a la Conaie.
En la audiencia está previsto que se escuchen los testimonios de policías y fiscales respecto a las diligencias realizadas el 14 de junio. La Conaie anunció que realizará una vigilia.
El delito de paralización de servicio público se sanciona con una pena de 1 a 3 años de cárcel, según el artículo 346 del Código Orgánico Integral Penal (Coip). La audiencia de Leonidas Iza será este 4 de julio.
Fuente: El Comercio – Nota original: LINK
