El hábeas corpus, un recurso que en esencia busca evitar arrestos y detenciones arbitrarias, fue presentado esta mañana por Rogelio Cruz, exprocurador y miembro del equipo de abogados del exmandatario y diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
La oficina de prensa del Órgano Judicial señaló en un comunicado que Cruz interpuso «una acción de hábeas corpus a favor de su representado, contra el magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José E. Ayú Prado Canals», la cual será tratada el próximo lunes.
Cruz dijo a Efe que el hábeas corpus fue presentado contra Ayú Prado en su calidad de presidente de la Corte Suprema y busca revocar la orden de detención de Martinelli.
El recurso fue presentado cerca del mediodía después de que el pleno había terminado su reunión de reparto de negocios, indicó el Órgano Judicial.
El magistrado vicepresidente de la máxima corporación de justicia, Luis Ramón Fábrega, convocó a los nueve magistrados del pleno de la máxima corporación de justicia para el próximo lunes, 28 de diciembre, «para darle el trámite correspondiente a esta acción de hábeas corpus», añadió la información oficial.
El letrado Cruz añadió que para la defensa del exjefe de Estado la expectativa en relación con la convocatoria hecha a los magistrados, «es que es una oportunidad de la Corte para enmendar un error» de haber ordenado su detención.
El pleno de la Corte Suprema ordenó este lunes la detención provisional del exmandatario, quien de acuerdo con sus abogados reside en Miami, para que comparezca en una audiencia sobre un caso de supuestas escuchas ilegales a más de 150 personas, incluidos periodistas, empresarios y opositores.
Los nueve magistrados del pleno dictaminaron que el magistrado juez de garantías del caso de las escuchas, Jerónimo Mejía, ejecute la orden de detención provisional de Martinelli.
El máximo tribunal es la única institución que tiene competencia para investigar a Martinelli, por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen).
A Martinelli, que salió del país el pasado 28 de enero, el mismo día que la Corte admitió la primera de las seis causas en su contra, se le vincula con la firma irregular de un contrato de 45 millones de dólares para la compra de comida deshidratada.
