Según relató Flores, la Fiscal Diana Salazar fue la primera que solicitó el diferimiento de la audiencia. Recordó que la instrucción fiscal tiene una duración de 80 días, sin embargo dijo, “Fiscalía en su apuro por hacer mediático un caso, finalizó la instrucción fiscal, faltando 10 días y faltando varias diligencias por despacharse”.
En este sentido, la defensa de Morillo aseguró que la formulación de cargos se la hizo con base en la subjetividad de Salazar debido a que ella, sin tener un examen pericial que determine la autoría de cada conversación, ya emitió su decisión.
Por esta razón, rechazó que “la Fiscalía ha politizado la justicia”, e insistió en la inocencia de su defendido quien, según indicó, no convocó a la reunión en la que se grabó el audio por el cual inició el proceso.
La investigación sobre este hecho inició el 15 de junio de 2022, al conocerse el contenido de un audio filtrado en el que se escucharía la voz del consejero Juan José Morillo, quien en presencia de su colega Maribel Barreno solicitaba, aparentemente, el apoyo al presidente de la Corte de Justicia de Pichincha, Gustavo Osejo, en el trámite de una acción de protección interpuesta por la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, para evitar su destitución.
En este marco, Flores recalcó que el audio fue alterado y difundido a varios medios de comunicación a donde “llegó fragmentado y por partes”.
Agregó que existe una ruptura de la cadena de custodia del audio del cual “se desconoce el origen de grabación” y con una testigo protegida que en declaraciones a medios, dijo que no habría existido ninguna reunión.
Además, reconoció que la reunión se produjo el pasado 2 de junio y, en esta, nadie influenció en ninguna autoridad pública. Detalló que en el encuentro solo se abordaron «temas de coyuntura política».
De acuerdo con Flores, su defendido no convocó a esa reunión sino la testigo protegida quien la organizó con el fin de alcanzar la presidencia de la Judicatura.
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