«Una Defensoría del Pueblo que cumpla con el mandato de promover y proteger los derechos humanos y que potencie su trabajo, es el compromiso que todas y todos los funcionarios deben tener para con la sociedad», manifestó.
Benavides asumió el cargo el 3 de mayo, luego de que el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio (CPCCS-T) la designara como primera autoridad encargada de la institución de derechos humanos, tras la destitución de Ramiro Rivadeneira.
Entre los ejes de trabajo que mencionó la funcionaria consta la revisión de casos presentados ante el CPCCS-T en contra de la entidad, «para honrar el proceso de evaluación».
Además, la reconstrucción de vínculos de la entidad con organizaciones sociales; y la protección de derechos de las comunidades y personas desplazadas en frontera norte. También combate a la corrupción.
Benavides resaltó la reinstalación del Consejo Consultivo Nacional de la DPE, que incluye a organizaciones de la sociedad civil y derechos humanos, con quienes se delineará una estrategia de coordinación permanente.
Finalmente, anunció que solicitará a la Contraloría General del Estado un examen especial al período anterior y que al finalizar su gestión se someterá al mismo proceso.
Fuente: El Telégrafo
